Por: Armando González R. 18 octubre, 2015

El Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social defiende la subsistencia de la ley de “enganche”, a cuyo tenor los aumentos salariales concedidos a los empleados del Gobierno Central benefician a sus asociados en el mismo porcentaje.

En otras palabras, en este país no es posible aumentar los ingresos de los funcionarios peor pagados sin beneficiar, en el mismo porcentaje y en mucha mayor medida, a los mejor pagados. No importa cuál sea el porcentaje del aumento, su impacto será mayor en el salario, mucho más alto, de los profesionales en salud.

En consecuencia, es preciso reprimir el ingreso de quienes menos tienen para no arriesgar la salud financiera del seguro social y evitar el crecimiento desmedido de las planillas en otras instituciones donde el “enganche” produce sus efectos.

Es imposible explicar el fenómeno como política sindical, “progresista” o de “izquierda”, pero así nos lo venden y sería una bendición si no hubiera muchos otros ejemplos. En las universidades, los “progresistas” se unen para asegurar la matrícula más barata posible, pero los alumnos procedentes de colegios privados representan un altísimo porcentaje del estudiantado.

Sus padres, acostumbrados a destinar parte del ingreso familiar al gasto en educación, de pronto sienten alivio y los muchachos se unen a las protestas contra recortes presupuestarios o aumentos en la matrícula. Con mejor formación, los alumnos de colegios privados tienen más posibilidades de ingresar a las universidades públicas. Las privadas quedan, en muchos casos, para los menos afortunados, obligados a trabajar o endeudarse para pagar la carrera. Confieso ser uno entre miles injustamente beneficiados.

Pero nadie alzó la voz cuando el Gobierno rebajó ¢2.000 millones de una partida destinada a dotar de computadoras a 670 centros de primaria alejados del Valle Central, muchos de ellos unidocentes. La decisión contribuirá a perpetuar el ciclo generacional de la marginalidad a contrapelo de elementales conceptos de equidad. ¡Imposible explicarlo desde una perspectiva “progresista” de la justicia social!

La explicación está en otra parte. El Estado costarricense se ha desarrollado con sentido corporativista, aunque en un marco democrático. El interés gremial o sectorial se impone a cualquier otro merced a la organización, claridad de objetivos y disposición a transar con el poder. Esa es la verdad y es importante comenzar a decirla.