Nuestra clase política es experta en patear la bola. Prueba es la manera en que los últimos gobiernos han venido posponiendo hacerle frente al inminente colapso del régimen de pensiones de la CCSS. La estrategia es sencilla: solicitar un nuevo estudio, nombrar una comisión, llamar a un diálogo, y así esperar a que el tiempo discurra hasta que la bronca le quede al que sigue. Luis Guillermo Solís va por la misma ruta, con el agravante de que al país se le está acabando el tiempo.
“Fondo de pensiones de la CCSS será deficitario en seis años”, reportó La Nación el 6 de agosto del 2009 tras la publicación de un informe de la empresa mexicana Nathal Actuarios y Consultores. El entonces presidente de la Caja, Eduardo Doryan, reaccionó pidiendo otro estudio para confirmar los resultados. El problema le quedó al próximo gobierno.
“Supén alerta sobre colapso de pensiones del IVM” fue la advertencia –publicada el 25 de abril del 2013– del entonces superintendente Edgar Robles, quien además acusó a la CCSS de maquillar sus estados financieros. El ministro de Comunicación de la administración Chinchilla salió a decir que “la gente tiene que estar tranquila” e indicó que el gobierno estaba “tomando medidas para tener estudios suficientes que le permitan adoptar, en su momento, aquellas medidas que se requieran para poder fortalecer plenamente el régimen”. La papa caliente se la tiraron a la siguiente administración.
“Fondo de pensiones del IVM corre riesgo de agotar su reserva a partir del 2023” fue el titular del 17 de agosto del 2015 al conocerse los resultados del estudio del actuario argentino Eduardo Melinsky. Si bien en ese momento el presidente Solís aseguró que “habrá que entrarle a esta discusión”, lo que la CCSS hizo –con la complicidad de un nuevo superintendente de pensiones menos incómodo que Robles– fue más bien desautorizar el informe Melinsky y pedirle otro a la UCR.
“Estudio de UCR sobre pensiones de CCSS advierte de crisis de sistema en 2030” fue el encabezado del 19 de diciembre del 2016. Esta vez el presidente aceptó las conclusiones –muy feo zafarle la tabla a la UCR– pero dijo que lo que corresponde ahora es un “debate nacional mesurado, cuidadoso, detallado”. Con estos tristes antecedentes, me aventuro a hacer una predicción de año nuevo: la administración Solís dilatará el debate de pensiones durante el 2017 –que para peores es año electoral– y le heredará el entuerto al próximo gobierno. ¿Apuestas?
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