Por: Juan Carlos Hidalgo 13 julio, 2015

El bloqueo de carreteras es una medida de presión que no debe aceptarse bajo ninguna circunstancia, sin importar quiénes sean los perpetradores: transportistas, universitarios, sindicalistas o productores. Es una violación flagrante a la libertad de tránsito y sus consecuencias, como lo vimos en la protesta de los porteadores, pueden ser mortales.

Ante la permisividad de los gobiernos, el bloqueo se ha convertido en la herramienta de coacción por excelencia de los grupos de presión. Cuando finalmente un presidente se amarra los pantalones, la sensación que queda es por qué a unos grupos sí se les tolera y a otros no.

Es en el sector transporte donde se ha vuelto más común. Esto se debe al caos que ha generado la regulación estatal al limitar la cantidad de permisos para trabajar en la actividad, creando tres bandos con intereses antagónicos: taxistas formales, porteadores y piratas.

La raíz del problema es muy sencilla: existe una demanda por transporte en modalidad taxi que excede la oferta permitida por el Estado. Hace unos años, ese déficit se reflejaba en el fenómeno de los piratas, cuyo número se calculaba incluso superior al de los taxis rojos.

Interpretaciones y cambios posteriores en la legislación dieron nacimiento a los porteadores, los cuales en teoría no pueden levantar clientes en la calle, pero aun así compiten con los taxistas formales. Pero el Estado también ha limitado la cantidad de concesiones para este servicio, a un máximo del 30% de la flotilla de taxis rojos, según criterio de la Procuraduría.

El resultado es un pulso permanente entre los bandos por limitar o ampliar la cantidad de permisos; un conflicto que promete agravarse con la inminente llegada de Uber al país. Por su parte, el resto de la población somos los perjudicados porque no solo se nos limita la oferta de transporte, sino que frecuentemente caemos víctimas de los bloqueos o el tortuguismo.

Si queremos romper de una vez por todas con este sistema clientelista, que además ha sido un hervidero de corrupción, hay que atacar el fondo del problema: el Estado debe eliminar las diferentes concesiones de taxi y porteadores y autorizar que toda persona que cumpla con ciertos requisitos en cuanto a seguros, hoja delincuencial, modelo de auto y revisión técnica pueda brindar el servicio de transporte de personas, y permitir la libre asociación de transportistas en cooperativas o empresas mercantiles.

Solo así acabaremos con la guerra de bloqueos entre taxistas y porteadores.

(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.