Por: Armando González R. 25 enero, 2015

Hacia el tercer año de la administración pasada, las autoridades del ramo decidieron, por fin, atender el clamor ciudadano contra las carreras ilegales de autos, conocidas como “piques”. La actividad se practicaba, a vista y paciencia de los encargados de mantener el orden, en puntos bien determinados de la capital y hasta con horario fijo.

El lugar y momento de las flagrantes violaciones a la ley de tránsito eran de conocimiento público. Por ejemplo, los jueves y sábados, cerca de la medianoche, la cita era en las inmediaciones de La Sabana, con la calle principal de Pavas como pista oficial. Se practicaban, descaradamente, competencias de derrape y velocidad, con motores rugientes y gran número de espectadores. Las inmediaciones de una gasolinera eran el punto de reunión, algo así como una sede del club de los “picones”.

Hubo muertos y heridos, amén de un constante riesgo para los transeúntes y las horas de sueño robadas a los vecinos. El programa lanzado para contrarrestar el ilícito, cuando ya la situación se hacía insostenible, tuvo éxito. El problema no desapareció, pero disminuyó significativamente.

Por desgracia, el plan no parece haber sobrevivido al cambio de gobierno. El terreno ganado se perdió y, ahora, los picones están de fiesta, no solo para crear riesgos y molestias inadmisibles, sino también para demostrar la ineficacia de la ley y la falta de autoridad.

La ley de tránsito tiene defectos y las exigencias probatorias impiden, en muchas oportunidades, demostrar el ilícito, pero hay medios para hacerlo, si las autoridades se deciden. El problema, por otra parte, puede ser erradicado con solo aplicar sanciones por las faltas más obvias, como el incumplimiento de los niveles de ruido aceptables y otros similares.

Las autoridades saben mejor que nadie cuáles normas aplicar, si no logran recabar prueba directa de la carrera ilegal. La posibilidad de controlar esta actividad delictiva quedó demostrada con el esfuerzo hecho al final de la pasada administración. La actual no tiene excusa. La ley es la misma, así como el modus operandi de los delincuentes y los recursos de que disponen las autoridades.

La única diferencia es la voluntad desplegada hasta hace unos meses por los encargados de defender a la ciudadanía, imponer el orden y hacer respetar la ley. No vendría mal, además, iniciar las gestiones necesarias para modernizar los métodos de vigilancia con el uso de la electrónica.

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