Aprobado el empréstito chino para ampliar la Ruta 32, las fracciones legislativas favorables al proyecto se turnaron para reclamar méritos. Al mismo tiempo, rechazaron toda responsabilidad por eventuales tropiezos. No se arriesgaron a contradecir las justas aspiraciones del pueblo limonense, pero, salvo la bancada oficialmente oficialista, se cuidaron de responsabilizar al Ejecutivo por su posible naufragio.
Cuando votaron el proyecto, los diputados aprobaron, también, los riesgos. Constan en el expediente, aunque pocos legisladores se tomaran la molestia de leerlo. Ninguno ignoraba, además, las objeciones ventiladas desde el primer momento, en especial las del Partido Acción Ciudadana, ayer opositor y hoy entusiasta promotor del acuerdo.
Tampoco es de recibo el reclamo a la Contraloría por la mención extemporánea de dos informes donde se critica la contratación. El 12 de junio del 2014, el ministro de Transportes compareció ante el plenario e hizo referencia, precisa y expresa, a ambos documentos.
Los diputados contaban con todos los elementos necesarios para identificar y valorar los riesgos. Si no los hubieran tenido a mano, debieron buscarlos. Ese es su trabajo y el voto es mera consecuencia de la labor desplegada para formar criterio. No es posible ejercerlo sin responsabilidad.
Poncio Pilatos lo entendió perfectamente. Por eso se limitó a lavarse las manos, sin celebrar las peticiones de Calvario. Tampoco las estimuló ni intentó reservarse algún mérito por si el resultado era bueno. No votó, no sumó su voluntad a la de la mayoría. Así consiguió, si no el aprecio, al menos la coherencia.
El Partido Liberación Nacional, por el contrario, se lavó las manos luego de votar y reservarse posibles méritos. La evasión es particularmente llamativa porque el proyecto es hijo de su administración reciente. Sin embargo, a partir de la aprobación del empréstito, los cuestionamientos pesan sobre el actual Gobierno, así como los riesgos. Si el proyecto prospera, siempre habrá tiempo para recordar su original autoría.
Por lo pronto, la administración liberacionista quedó absuelta de todo cuestionamiento, con el voto concurrente del Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y otros críticos del pasado reciente. Solo queda pendiente el veredicto sobre el gobierno del presidente Solís, provisionalmente declarado autor responsable de todo traspié previsible.