Por: Armando González R. 5 febrero

La burocracia se dejó caer sobre una ambulancia de la Cruz Roja y estuvo a punto de matar al conductor. Sufrió golpes de consideración en una calle pública, transitada por miles de personas todos los días. El aparato gubernamental no seleccionó a su víctima. El riesgo de la parálisis estatal es una constante en diversos ámbitos y nos amenaza a todos por igual. La víctima aparece al azar, producto de su mala suerte.

Las autoridades sabían, desde hace casi dos años, sobre la inestabilidad de la enorme valla publicitaria instalada en Guadalupe, 75 metros al sureste del Walmart. El 14 de abril del 2015, el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes pidió remover la estructura por carencia de permisos y falta de solidez en la base, pero la demolición la hizo el viento, a su conveniencia y capricho.

La empresa publicitaria dueña de la valla recibió una orden de removerla en un plazo de 15 días después de recibida la notificación. No lo hizo y más bien defendió la permanencia de la estructura mediante la interposición de un recurso de revocatoria y nulidad concomitante. Como es usual, los abogados alegaron todo tipo de errores, omisiones e incumplimiento de requisitos.

Las acciones legales no tienen la virtud de fortalecer los cimientos de una estructura oscilante, como lo constató con dolor el conductor de la ambulancia. En cambio, consolidaron el peligro removido por el viento el 29 de enero, sin que los procedimientos legales hayan concluido.

Los recursos de la empresa publicitaria fueron rechazados por el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, que elevó el caso al despacho del ministro, donde permaneció nueve meses sin resolución.

En suma, el Estado costarricense es incapaz de eliminar un peligro mortal constatado por sus funcionarios porque el ordenamiento jurídico privilegia el debido proceso por encima de la vida humana.

La valla estaba en propiedad privada, pero, visto el riesgo, ese es un dato intrascendente. Es irracional seguir los procedimientos, con todo y los atrasos de rigor en la Administración Pública, mientras se espera el derrumbe. Cuando menos, las autoridades deberían erigir letreros para informar a la ciudadanía del ridículo de sus actuaciones: “Aviso: transitar por esta calle será un peligro mortal mientras se resuelve un recurso de revocatoria y nulidad concomitante”. A ver si se atreven.

Armando González es director de La Nación.