Por: Armando González R. 5 abril, 2015

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene la sana intención de reformar el Consejo de Transporte Público (CTP) para convertirlo en un organismo técnico, ajeno a los intereses gremiales hoy representados en su seno. El órgano cuenta con delegados de los taxistas, autobuseros, gobiernos locales y usuarios.

Las agendas mejor definidas y los objetivos más claros están, evidentemente, en manos de quienes explotan el negocio. Un representante de los usuarios, cuyo nombre y proceso de selección pocos conocen, es escasa garantía de defensa de los intereses de dos millones de ciudadanos necesitados del servicio todos los días. La representación municipal, igualmente lejana, resulta también insuficiente para ofrecer seguridad del óptimo manejo del negocio, cuyo volumen se calcula en ¢358.000 millones al año.

Al final, los regulados son determinantes en la definición de las regulaciones.

Los transportistas ya anuncian oposición a la propuesta del MOPT, pero no delatan un interés específico y lanzan el ataque desde posiciones más elevadas, casi altruistas. Les inquieta “la restricción de la participación ciudadana”.

La cercanía entre la objeción y el nombre del partido en el poder no puede ser mera casualidad. Es un astuto reclamo, pero a la ciudadanía haría falta preguntarle si se siente representada –y partícipe— en el organismo que el año pasado renovó, por anticipado, 140 concesiones de transporte sin considerar las mejoras requeridas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para beneficio de los usuarios.

La verdad, más allá de la cortina de humo tendida por los transportistas, es que la participación ciudadana se circunscribe al pago de tarifas cuya fijación a menudo suscita dudas, por un servicio de calidad también discutible.

La participación ciudadana debe dejar de servir de excusa para la corporativización del CTP y otros organismos cuyo manejo estrictamente técnico daría mayores garantías a los usuarios, claro está, si va acompañado de la transparencia conducente a una verdadera participación de la ciudadanía.

Los ciudadanos deben ser fiscales, no artífices, de procesos cuya naturaleza es técnica. Para conseguirlo, nada importa tanto como la publicidad de esos procesos, no solo de las decisiones.

La luz del sol, en este y en muchos otros casos, vale más que una ficticia representación de los usuarios, no importa cuán numerosa. La representación de los transportistas en el CTP, sobra decir, sobra.