Por: Jorge Vargas Cullell 14 abril, 2016

De los Panama Papers sé lo que han publicado los medios aquí y en diarios de España, Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, poco y de segunda mano. Así que prefiero no arriesgar afirmaciones más allá de lo evidente: que se trata de la más grande levantada de chingos a un paraíso fiscal del que se benefician políticos y personas acaudaladas en todo el mundo y que muchos de los que hacen negocios en un sitio así lo hacen por razones lícitas y, además, morales.

Creo ciertas ambas cosas aunque parezcan contradictorias por lo que, sin quitar el dedo del renglón de las historias sucias, este enorme amasijo de documentos debe analizarse con cuidado para no arrastrar a personas honradas por el lodazal. El tema no es ponerse a buscar nombres de personas conocidas, sino publicar solo lo que es de interés público por haber indicios de trasgresión legal o moral. Y para hacer esto se requiere método, paciencia y capacidad de análisis.

Me interesa, sin embargo, un ángulo poco debatido hasta el momento. ¿Se justifica moralmente una filtración ilegal de documentos para hacer transparente el manejo opaco de asuntos de interés público? En años recientes, las masivas filtraciones de Wikileaks y la de Snowden permitieron saber, por ejemplo, lo vulnerable que son nuestras comunicaciones privadas a la vigilancia de los servicios de inteligencia o el doble discurso de los gobiernos.

Pero ¿qué hay del derecho a la privacidad? ¿Cómo balancearlo con el interés público de combatir delitos de los poderosos? Para ponerlo en plata blanca: ¿qué haríamos si de repente pudiéramos revelar un opaco mundo mediante la filtración de documentos: filtramos porque creemos que estamos haciendo lo correcto o no filtramos porque estamos haciendo algo ilegal?

En mi caso, yo filtraría, a lo Snowden. Pedirles a los poderes opacos que, por motu proprio, hagan llegar luz a las catacumbas es pedirle peras al olmo. Si, por otro lado, fuera el periodista que, a lo Watergate, me hacen llegar la información, confieso que la tomaría.

Dicho esto, admitiría que tengo una tarea muy ardua de minería de datos, para lo cual armaría un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el riesgo de dañar a gente inocente es muy alto. Mi deber sería proteger el derecho a la intimidad de los inocentes.

Los operadores del paraíso fiscal son quienes tienen que tener estándares para rechazar las gestiones de quienes andan evadiendo o escondiendo riquezas mal habidas. Esa debe ser la firme demanda internacional a Panamá y a los demás paraísos fiscales del mundo.

Jorge Vargas Cullell es gestor de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y máster en Resolución alternativa de conflictos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica.