La mayoría de los países brindan algún tipo de ayuda a sus agricultores. La justificación para hacerlo es, al menos en el papel, reducir la pobreza –concentrada usualmente en zonas de producción agropecuaria– y lograr la seguridad alimentaria; sin embargo, las políticas de ayuda muchas veces no son las más adecuadas para lograr los aparentes objetivos, y más bien traen consigo otras consecuencias negativas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó recientemente un trabajo con una evaluación de las políticas agrícolas en Costa Rica. En él, la OCDE estima que el apoyo que el gobierno da a los agricultores representa un 10,1% de los ingresos brutos de los productores, lo cual está por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es del 17,6%. Y de ese apoyo, el 97% es por medio de políticas de “apoyo al precio de mercado” –fijación de precios elevados al consumidor y altos aranceles a la importación–. Esto se da en Costa Rica especialmente para arroz, pero también para azúcar, leche, pollo y cerdos.
La OCDE critica este tipo de apoyo, ya que es sumamente ineficaz para lograr los objetivos planteados. Los consumidores terminan pagando un precio caro por los productos protegidos. Dado que estos son consumidos en altas proporciones por los más pobres, en lugar de ayudarlos a salir de pobres, esta política los hunde todavía más.
Por otro lado, la protección por medio de aranceles tampoco es un buen mecanismo para lograr la seguridad alimentaria. Primero, limita el grado de competencia en el mercado local, reduciendo los incentivos de los productores para buscar una mayor eficiencia. Segundo, el subsidio tiende a concentrarse en los grandes productores, y les llega poco a los pequeños, que son los que requieren de mayor ayuda para mejorar su productividad.
De ahí que la OCDE recomiende que, si de verdad se quiere reducir la pobreza y aumentar la producción de alimentos nacionales, el país debe cambiar su estrategia de apoyo al agro. Debe poner más énfasis al mejoramiento de la infraestructura agrícola (riego), a promover una mayor integración de pequeños agricultores a las cadenas de abastecimiento, a mejorar las capacidades de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y a mejorar el acceso a servicios financieros.
Esas medidas serían mucho más eficaces para reducir la pobreza y aumentar la producción agrícola nacional, pero además más transparentes.
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