Por: Nuria Marín Raventós 18 septiembre, 2016

El país necesita un análisis imparcial y profundo sobre el sistema de contratación administrativa, dada nuestra endémica capacidad para concretar obra pública. Sobran ejemplos de personas capaces y comprometidas que con gran ilusión asumen cargos en el sector público, pero terminan chocando con una inercia y burocracia que facilita, premia y hasta alcahuetea el que nada pase.

Necesitamos evolucionar a un sistema de rendición de cuentas y de responsabilidad por desempeño para romper con la mentalidad del mínimo esfuerzo y con un sistema en el que lo fácil es decir no.

Hay que simplificar trámites, agregar transparencia y ser implacables ante la corrupción. Debemos evolucionar a un sistema de contratación que no satanice y, más bien, propicie las alianzas público-privadas.

Los gobiernos evaden el tema de fondo y, ante la presión por mostrar obra, buscan soluciones “creativas”. La más reciente fue asignarle al ICE responsabilidades por su “capacidad de construcción”.

Que el ICE construye no se discute, una muestra es el proyecto Hidroeléctrico Toro III, una obra imponente, empero ¿ha sido eficiente? ¿Más que el sector privado? Cifras publicitadas indican cómo de $110 millones la obra se excedió en $78 millones más los costos financieros. Si esto sucediera en el sector privado se pondría en jaque la supervivencia de la empresa, pero como es el ICE se traslada el costo a los usuarios.

El país merece un detallado análisis de lo sucedido, y, por cierto, aún está pendiente el del proyecto Balsa Inferior (CNFL). Debe también explicarse por qué se asignó a dedo a una empresa como unidad ejecutora, siendo además la misma que recomendó la estructura de honorarios. Una peligrosa práctica de juez y parte.

Esperamos que la situación mejore para el ICE y otras instituciones como el MOPT con la nueva ley de expropiaciones, uno de los históricos cuellos de botella, pero esto pareciera ser tan solo parte de la solución como lo demuestran las trabas al avance de la Circunvalación norte o inmuebles cuyo uso gratuito aún disfrutan algunos expropiados.

Darle al ICE funciones de otros entes demuestra la incapacidad a la que hemos condenado a nuestras instituciones, al entrabarlas con sistemas obsoletos y negarles los recursos que requieren para cumplir su misión. No evadamos la discusión de fondo, donde, por cierto, otro tema es ver la obra pública como inversión y no como un gasto.