Por: Armando González R. 11 mayo, 2014

La nueva Administración está a punto de encontrarse con los viejos administradores. El encuentro ocurre cada cuatro años y es con demasiada frecuencia decepcionante. La renovada conducción política nacional irrumpe en los despachos con el entusiasmo como viento de cola y colisiona con una burocracia anquilosada, producto de malos métodos de selección y peores sistemas de incentivos.

Goza el Estado de excelentes funcionarios, tecnócratas en el buen sentido de la palabra y honrados a carta cabal, pero el panorama generalizado no suele ser halagüeño. Pocos pasan por un despacho gubernamental sin salir convencidos de la necesidad de reformar el servicio civil, bueno para garantizar la estabilidad en los cargos frente a los caprichos de la política y para preservar la memoria institucional, pero también para proteger la ineficiencia y la desidia.

La nueva Administración no encontrará entre los viejos administradores a muchos de los más hábiles, dejados hace años en el camino por las mal concebidas políticas de movilidad laboral, cuyo fin era reducir el tamaño del Estado, no empobrecer sus capacidades técnicas.

Los incentivos ofrecidos a cambio de las dimisiones fueron aprovechados, en demasiadas oportunidades, por los mejores. Convencidos de su capacidad para encontrar trabajo en el sector privado, las ofertas de los programas de movilidad constituyeron para ellos una tentación irresistible. Como los años de servicio aumentaban el incentivo, resultó especialmente atractivo para los más experimentados.

El Estado perdió capacidad y experiencia. A eso se habría limitado el daño, si no fuera por las políticas de contratación de Gobiernos posteriores. Pronto se perdió cuanto se había ganado a un altísimo costo en pericia, experiencia y dinero.

En consecuencia, la nueva Administración se verá abrumada por el número de viejos administradores. En muchos casos, especialmente en el sector social, experimentará la frustración de no poder cumplir los cometidos institucionales porque la planilla demanda recursos en proporciones insospechadas. El dinero se queda de camino, como si la labor social asignada fuera, en sí misma, la provisión de empleo público con la excusa de lograr otros fines.

La nueva Administración tiene la agenda llena. No es su culpa. Cosecha lo sembrado y, cuando mucho, su responsabilidad se limita al aliento de las malas políticas o al consentimiento cómplice cuando le correspondió el papel de oposición. La esperanza es que, en lugar de conformarse con administrar, se incline por hacer la urgente tarea de reformar.