La controversia por Millicom llegó demasiado lejos. Estados Unidos anunció posibles amonestaciones comerciales; Millicom amenazó al Estado con una demanda multimillonaria y los sindicalistas del ICE boicotearon los servicios telefónicos de información durante 10 días de huelga.
La maraña en que se convirtió el caso debe dejar huella para futuras decisiones de este y los próximos gobiernos. Obliga a fortalecer los controles legales y morales sobre funcionarios públicos de medio y alto rango que, como en el caso de Millicom, autorizaron en 1988 sus operaciones sin estudios legales confiables, por lo cual se incurrió en una inconstitucionalidad.
Este lío, por la dimensión que alcanzó, debe también mover al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a un debate para determinar la conveniencia o no de la ruptura del monopolio estatal sobre la telefonía celular.
La experiencia de otros países del continente demuestra que esta exclusividad atenta contra los intereses del usuario. Al no existir competencia, el servicio es deficiente. La experiencia del ICE en este negocio lo demuestra. Contratar una línea implica hacer largas filas y mucha paciencia ante el anuncio del oficinista: "Señor, hasta dentro de un año habrá líneas... nosotros lo llamamos". Y nunca llamaron.
La receta de la telefonía celular está en dividir el país por zonas de servicio, licitar el servicio entre las empresas interesadas en operarlo e impedir que una sola acapare todo el pastel. Hoy, los países con estos sistemas tienen empresas eficientes y con bajas tarifas que permiten a las mayorías el acceso a esta tecnología.
Mantener el monopolio de la telefonía celular es fortalecer la incompetencia, la ineficiencia, las huelgas, el boicot y más.