Por: Juan Carlos Hidalgo 1 mayo

“Esto no se veía aquí antes”, me dijo un colega cuando caminábamos hace unos años por la Ciudad de México y vimos pasar un vehículo militar fuertemente armado. Lamentablemente, esta imagen pronto podría institucionalizarse en el “nuevo normal” de la realidad mexicana de prosperar una iniciativa que busca autorizar el uso permanente del Ejército para funciones de seguridad pública.

Cuando Felipe Calderón desplegó a las fuerzas armadas en el 2006 para combatir al narcotráfico, se suponía que la intervención sería limitada en el tiempo y espacio. La excusa era que las fuerzas del orden encargadas de combatir al crimen organizado –las Policías municipales y estatales– estaban capturadas por los carteles, por lo que únicamente se le podía confiar esta labor a los militares.

Sin embargo, como documenta un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, la evidencia indica que –con la excepción de Michoacán– los estados intervenidos por el Ejército durante el sexenio de Calderón no sufrían de una crisis de seguridad –más bien gozaban de tasas de homicidio históricamente bajas–. Todo eso cambió con la intervención de los militares: la violencia se disparó en esos estados y las denuncias por violaciones de los derechos humanos también aumentaron.

Hoy, 24 de los 32 estados mexicanos cuentan con presencia militar permanente, con un despliegue diario de 52.000 efectivos. No sorprende que el presupuesto de las fuerzas armadas haya aumentado casi el 50% desde el 2006. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que en México el Ejército está realizando labores de seguridad ciudadana que le atañen a una policía civil.

La misma Constitución mexicana estipula que en tiempos de paz los militares no pueden ejercer funciones de seguridad pública. Por eso el gobierno impulsa un proyecto de ley para autorizar el uso permanente de las fuerzas armadas en labores de “seguridad interior”, dándole además amplias prerrogativas al presidente para determinar qué constituye una amenaza a esta.

La guerra contra el narco ha cobrado más de 100.000 muertos en México desde el 2006. De aprobarse esta iniciativa, se estaría legalizando la militarización de la seguridad pública en ese país. Podríamos entonces sumar a la frágil institucionalidad democrática mexicana como una víctima más de la fracasada lucha contra las drogas.