Por: Luis Mesalles 5 septiembre, 2015

El gobierno quiere convencernos de que presentó un presupuesto muy austero. En verdad se nota un esfuerzo por recortar gastos superfluos en algunas partidas, como las compras de bienes y servicios (galletas, café y consultorías), rubros donde ha habido abusos en el pasado.

Sin embargo, no es tan cierto que este presupuesto sea la misma “cobija” que el año pasado, como anuncia el gobierno.

El total de egresos del presupuesto incluye la amortización de deuda, lo cual no es un gasto. Tener que pagar menos deuda este año no significa que está ahorrando. Lo que no se amortiza hoy, tendrá que amortizarse mañana. La realidad es que los gastos sin intereses del presupuesto crecen un 5%. Esto incluye un recorte grande en capital (-11%), lo cual no es una buena señal. Se posterga la tan necesitada mejora en inversión pública.

Remuneraciones y transferencias, por su lado, crecen casi al doble de la inflación proyectada. Es decir, en los disparadores del gasto, lo que realmente pesa dentro del presupuesto, no hay ningún cambio estructural. Se sigue gastando más cada año, sin que se perciba un cambio en cómo se hacen las cosas.

Para financiar el exceso de gastos que se incluyen en este presupuesto, los costarricenses tendremos que pagar más impuestos. Y, si estos no se aprueban, lo pagaremos por la vía de intereses e inflación más altos. Si no es hoy, será mañana.

Por otro lado, mientras en la Asamblea se discute el presupuesto del Gobierno Central y los posibles nuevos impuestos, hay un grupo grande de instituciones públicas que quedan fuera de esa discusión.

En estos días hemos visto cómo Recope trata de trasladar las gollerías de sus convenciones colectivas por la vía de precios de combustibles más altos. La CNFL trata de trasladar a sus clientes las ineficiencias y las malas decisiones, por medio de un aumento en la tarifa eléctrica del 35%. Igual sucede con el ICE, con los bancos estatales y el resto del sector público, que nos trasladan sus ineficiencias por medio de tarifas o tasas de interés elevadas.

No queda más que entrarle a la parte estructural del problema –cómo hacer que el Estado sea más eficiente, pagando salarios “adecuados” a los empleados públicos–.

Si no lo hacemos, esa ineficiencia estatal la seguiremos sufragando por la vía de impuestos, tasas de interés y tarifas de servicios públicos elevados. Esto nos hará un país cada vez más caro para vivir y producir, con salarios que pierden su poder adquisitivo y con un sector productivo poco competitivo, incapaz de generar suficiente empleo.

(*) Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.