Por: Armando González R. 25 mayo, 2014

“Nuestra percepción, después de movernos tantos años en el sector público y con la bandera sindical, es que en algunas instituciones públicas funcionan unas especies de mafias, que se colocan en los mandos medios y no permiten el crecimiento de los servicios públicos”, declaró al diario La Teja Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

No se trata propiamente de una revelación, porque el hecho es conocido, pero la denuncia proviene de una fuente inobjetable para el más escéptico y, por eso, merece detenida consideración. Las mafias del sector público son diversas por integración y objetivos. Algunas actúan en connivencia con sus pares del sector privado para amañar compras y repartir favores. Otras se contentan con operar dentro del Estado mismo, donde las oportunidades de ganancia son abundantes.

Para unas y otras, el desarrollo de las tecnologías digitales y su aplicación al control y mejoramiento de la función pública son anatemas. Ese es quizá el reto más formidable de los proyectos de Gobierno Digital impulsados con perseverancia por Alicia Avendaño y su tesonero equipo técnico.

Por ejemplo, las dificultades interpuestas en el camino del expediente único digital en la Caja Costarricense de Seguro Social no son de índole técnica. Países menos avanzados cuentan con sistemas capaces de hacer cuanto hemos querido y no hemos podido lograr los costarricenses, pese al empeño de muchos años. El problema es el control de citas, jornadas laborales, medicamentos y otros bienes públicos administrados por la institución.

El problema es, también, la desaparición de la necesidad de custodiar y trasladar expedientes físicos, para lo cual existen ejércitos especializados, aunque su número no garantiza la integridad de los documentos. La pérdida de resultados de exámenes y otras piezas de importancia es común, como pueden atestiguarlo los afectados.

Cuando la perseverancia consigue la instalación de un sistema, de inmediato le aparecen defectos aptos para transformarse en argumentos a favor del statu quo. En algunos casos, las fallas pueden ser legítimas, pero son tan constantes y generalizadas que evocan el resto de la declaración de don Albino: “Ellos (las mafias) ponen zancadillas a los jerarcas políticos que llegan a dirigir las instituciones con buenas intenciones. Muchas veces, una decisión política que busca el bien común y puede reducir la desigualdad colisiona con esos intereses corporativos ubicados en los mandos medios, que se encargan de frustrar las buenas intenciones. No lo digo solo por este Gobierno, a otros les ha pasado lo mismo”. Amén.