Por: Juan Carlos Hidalgo 21 septiembre, 2015

Los costarricenses sufrimos del síndrome de Estocolmo con la CCSS: hemos desarrollado una relación afectiva con una institución que nos tiene cautivos y donde medio millón languidecen en listas de espera. En muchos casos, esta resulta mortal.

Hace poco La Nación informó sobre cómo la CCSS lleva 20 años combatiendo infructuosamente las listas de espera. Es más, ni la misma institución sabe exactamente cuántos asegurados están en ellas.

Es la prensa la que regularmente documenta el drama que viven miles de personas, en algunos casos con citas programadas hasta el 2021.

De vez en cuando estas noticias generan conmoción. En abril, la jefa de Cardiología del hospital México denunció que 141 pacientes habían muerto esperando un cateterismo.

Una investigación de la CCSS lo redujo a 34, una cifra que sigue siendo escandalosa considerando que se trata de una cirugía de rutina. Años atrás se reportó cómo en el hospital Calderón Guardia había 900 pacientes esperando meses por la extracción de tumores que, según el jefe de Oncología, eran en “un 85% a un 90%” cánceres confirmados. Sin duda, dicha espera fue una condena de muerte para muchos de ellos.

Malos tratos. Falta de camas. Filas interminables. Historias como estas son cosa de todos los días. Sin embargo, el afecto incondicional de los ticos hacia la CCSS radica en la creencia de que esta brinda salud “gratuita”. Muchos creen que es preferible pasar estas penurias que arriesgarse con un sistema privado donde los costos estarían por las nubes y a la gente se le negaría la atención por no tener plata.

Por supuesto, no hay nada gratuito en las contribuciones obligatorias que cotizan mensualmente los trabajadores, ni hay nada de justo en que miles de asegurados tengan que pagar doble cuando recurren a la medicina privada en lugar de esperar meses, o incluso años, en la CCSS.

Por eso resulta interesante un proyecto de ley presentado por el Colegio de Enfermeras que establece que si un asegurado no es atendido por la CCSS en cierto lapso (los tiempos varían de acuerdo con el procedimiento), dicho paciente tendría derecho a un “certificado de garantía” para ir a un centro de salud privado a recibir la atención.

La CCSS cubriría el monto de la intervención, siguiendo ciertos parámetros para controlar costos y evitar biombos.

El énfasis de esta propuesta consiste en priorizar la atención del asegurado, sin importar quién brinde el servicio. Tal y como debería ser, ¿no?

(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.