Por: Luis Mesalles 25 octubre, 2014

Igual que tantos otros proyectos de infraestructura, la futura terminal en Moín de APM Terminals ha sido todo un viacrucis. Recordemos lo que tardaron en convertirse en realidad la Ruta 27 y los aeropuertos Juan Santamaría y de Liberia. En puerto Caldera hasta ahora se ve un avance del muelle granelero. La Ruta 1 y la autopista a San Carlos aún duermen el sueño de los justos. No es en vano que el Foro Económico Mundial, en su Índice Global de Competitividad, ubica a Costa Rica en el puesto 119 en calidad de carreteras, y, en el 115, en calidad de puertos.

En el caso de la terminal de contenedores en Moín, nadie duda de los grandes beneficios que le traería al país, como un todo. Sin embargo, en lo ambiental, a pesar de que el proyecto ya ha superado muchas pruebas, algunos grupos siguen interponiendo recursos para detenerlo. Parece ser que la consigna de algunos es evitar que el proyecto se construya, por el supuesto daño ambiental que ocasiona. Sin embargo, en principio, cualquier construcción impacta el ambiente, desde una casa de bien social hasta un gran puerto. De ahí que el criterio que debe imperar en Setena para evaluar cualquier proyecto es la razonabilidad del impacto, y de las medidas de mitigación y compensación que acompañen el eventual daño ambiental que se pueda causar.

El tema del supuesto monopolio también se las trae. Desde el punto de vista legal, ya los tribunales han dicho que la concesión en exclusividad del muelle de contenedores a APM no es un monopolio. Desde la perspectiva económica, tampoco lo es. Por un lado, el proceso de licitación constituye una competencia, aunque solo haya llegado uno al paso final. La misma Contraloría ya refrendó el contrato y, por ende, el proceso licitatorio.

Por otro lado, existe algún grado de competencia entre puertos, aunque imperfecta. Los puertos Moín y Limón, operados por Japdeva, no desaparecen. Caldera permanece como opción en el Pacifico. Si APM cobra una tarifa no competitiva, los importadores y exportadores migrarán, con el tiempo, hacia otros puertos. De hecho, la actuación de Japdeva hasta ahora, pensando que tiene el “monopolio” de los puertos del Atlántico, lo demuestra. La Sociedad Portuaria de Caldera le ha quitado clientes a Japdeva, por las mejoras en eficiencia y en atención que ha implementado. Mientras tanto, Japdeva ha descuidado esos aspectos y, más bien, los empeora con cada huelga que hacen.

Hay que pensar muy bien las consecuencias de romper unilateralmente un contrato, que beneficia mucho al país, y que, además, está legítimamente firmado, refrendado y avalado por nuestro sistema jurídico y de control. En los últimos años ya hemos tenido varios casos así. Con otro más, perderíamos la poca credibilidad que nos queda.

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