El presupuesto presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa es inconstitucional. No cumple varios preceptos amparados por nuestra Constitución Política: no le asigna a la educación el equivalente al 8% del PIB, ni tampoco el 0,19% del PIB para la campaña electoral. Además, presupuesta un nivel de gastos que es mucho mayor que los ingresos probables, lo cual infringe el artículo 176 de la Constitución.
Pero, con todo y que es inconstitucional, lo más probable es que los diputados lo aprueben. No les queda otro camino. Son ellos mismos los que han ido agregando amarras al Poder Ejecutivo para que gaste cada vez más. Esto por medio de un gran número de leyes que obligan al Gobierno a gastar montos específicos en ciertos rubros. En parte, estas leyes vienen de grupos de presión que quieren dejar plasmado su poder en partidas del presupuesto, que luego nadie puede rebajar.
Pero, además, se tiene la mentalidad de que a través de más gasto se puede progresar más y así resolver todos los problemas de la ciudadanía. El mismo ministro de Educación, Leonardo Garnier, refiriéndose a que en el presupuesto no se le asignó la totalidad de gasto en educación que dicta la Constitución, reclama que los ticos “queremos servicios de Europa con impuestos como los de Guatemala”. Es, de nuevo, la idea de que, para hacer más (y ser como Europa), debemos gastar más. De esa línea de pensamiento se deduce que la única solución al problema fiscal es a través de un aumento de la carga tributaria.
Bajo esas premisas, queda por fuera de la discusión el análisis de cómo se está gastando. En el caso de la educación, por ejemplo, resulta ser que Costa Rica ya supera a muchos países europeos en lo que gasta para ese rubro. Mientras que acá se destina más del 7% del PIB a educación pública, en Finlandia, país considerado como el de mejor calidad de educación en el mundo, no llega a ese 7%. Tampoco gastan tanto Noruega, Suecia, Francia, Alemania o Suiza. No lleva razón Garnier. Los ticos debemos exigir servicios como los de Europa, porque gastamos incluso más que ellos.
Esto demuestra que no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. En lugar de pensar que los problemas se resuelven solo gastando más plata, el enfoque debería ser el de buscar las mejores maneras de aprovechar al máximo los escasos recursos que tenemos. En lugar de seguir aprobando leyes que imponen obligaciones de gasto al Gobierno, los diputados deberían exigirle metas específicas que sean medibles. Por ejemplo, en lugar de que la Constitución obligue a gastar el 8% del PIB en educación, se podría poner como meta tener graduadas de secundaria, incluyendo el conocimiento de un segundo idioma, al 100% de las personas menores de 20 años. Eso sí es esencial para el desarrollo del país.
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