EscucharQué rápido pasa el tiempo. Ya estamos despidiendo otro año más, que será recordado en Costa Rica como uno en el que pasó mucho, pero nada cambió.
El primer semestre del año estuvo dominado por la búsqueda de soluciones al problema fiscal. La administración Solís basó su estrategia en empujar la aprobación de nuevos impuestos. Alegó que ya había sido muy austero al contener el crecimiento del salario base de los empleados públicos, aunque en el resto del gasto continuó siendo dispendioso, y especialmente generoso con las universidades públicas.
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Cuando parecía que habría un acuerdo político para aprobar nuevos impuestos, junto con una ley de empleo público y otra de regla fiscal, estalló el escándalo del cemento chino. El caso acaparó la atención de todo el país durante el resto del año.
Fueron meses intensos, llenos de comparecencias, entrevistas, actas, videos, conversaciones de WhatsApp y arrestos. La trama fue digna de una novela de Agatha Christie, donde todos los personajes que aparecían en la historia eran catalogados como sospechosos. Más de cuarenta fueron mencionados en el informe final de la comisión investigadora, incluidos representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Ante un escándalo de tal magnitud, nos decía don Luis Guillermo, en el 2014, en cualquier otro país el gobierno en pleno habría renunciado. Pero él mismo se encargó de descalificar el informe final, como lleno de falsedades. No le importó el trabajo de meses de la comisión, ni que el informe fuera aprobado en forma unánime por diputados de varios partidos, incluyendo el suyo.
Al final, el déficit fiscal sigue creciendo y sus efectos negativos se muestran cada vez con mayor fuerza: problemas de liquidez para pagar salarios, la economía crece menos, la inflación y las tasas de interés suben, el tipo de cambio se torna más volátil y el desempleo se mantiene elevado.
Del caso del cemento chino, si bien hay varios sospechosos en la cárcel, estos siguen esperando ser acusados formalmente, mientras otros ni se sabe si serán acusados. Tampoco está claro qué cambios estructurales o legales serán propuestos para evitar que algo así vuelva a suceder.
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Si a esto le sumamos los casos del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Poder Judicial, queda claro que el 2017 fue un año en el que mucho pasó, pero nada cambió.
El autor es economista.
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