El presidente de la República instauró, esta semana, el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación, un espacio para la discusión y seguimiento de los factores que menoscaban la competitividad del país. Con ello, el Gobierno envía una señal de querer trabajar junto con el sector privado en mejorar el ambiente para la inversión y la innovación. Esa ruta es, además, compatible con el objetivo del Gobierno de crear más de 200.000 puestos de trabajo de calidad durante los próximos tres años y medio.
Los factores que merman la competitividad del país son bien sabidos y de larga data. Ya cansa uno con la insistencia en decir que la infraestructura, la tramitomanía, la calidad de la educación secundaria y el costo de energía son los principales problemas a atacar para mejorar la competitividad. Habría que agregar una preocupación más reciente: la solución del déficit fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica.
Todos estos factores pasan por instancias donde se requiere la gestión del sector público. Para mejorar las carreteras y puertos, disminuir los entrabamientos que hacen eterno cualquier trámite, mejorar la educación pública, bajar el costo de energía o reducir el déficit, es vital una mejor gestión del Gobierno.
Pero la participación del sector privado también es importante. Las empresas saben dónde están los cuellos de botella que impiden o dificultan invertir más y mejor. Los empresarios pueden aportar su conocimiento sobre las necesidades de educación y entrenamiento del personal, según sus demandas por área de trabajo. Pueden también identificar las instancias en que los trámites duran más tiempo de lo debido, ya sea por la solicitud de requisitos absurdos o discrecionales, por ineficiencias o por falta de recursos tecnológicos en la institución respectiva.
Asimismo, la participación de empresas privadas en la gestión de los factores mencionados puede mejorar significativamente la competitividad. No es necesariamente un campo exclusivo del Gobierno. Las empresas pueden, por ejemplo, tener una participación directa en la construcción de carreteras o generación de energía. O lo pueden hacer a través de alianzas público-privadas, como algunas que ya funcionan en el sistema educativo, en construcción y operación de carreteras, o en generación de energía.
Con la instauración del Consejo de Competitividad e Innovación, el presidente ha tirado una línea clara para que el Gobierno y el sector privado trabajen juntos. Es la mejor manera de optimizar la competitividad y, así, crear puestos de trabajo de calidad y sostenibles. Solo falta ver si se unen a esta idea algunos ministros y presidentes de instituciones autónomas que no han mostrado la misma voluntad del presidente para trabajar con el sector privado.