Poco a poco se va destapando la lata de lombrices de las pensiones. Pensiones de lujo para magistrados, diputados y otros. Pensionados que reciben un ingreso mensual que es mucho mayor al que devengaban cuando trabajaban. Aumentos anuales que superan por muchísimo la inflación. Pensiones con cargo al presupuesto que deja un déficit al Gobierno de ¢237.000 millones anuales. Esto, a pesar de que existe una ley que permite ponerles un tope a dichas pensiones desde hace 15 años. El sistema de pensiones de los funcionarios públicos se ha salido de control.
El problema se hará más grande conforme pase el tiempo. La población de Costa Rica va haciéndose vieja. Cada vez hay más gente que se pensiona y menos que ingresa a la fuerza laboral. La carga que deben asumir los que trabajan para pagar las pensiones de quienes ya no trabajan crece cada vez más rápido. La Supén ha insistido sobre esta realidad desde hace muchos años, sobre todo en relación con el régimen de IVM de la CCSS, pero igual se aplica para los regímenes de pensión estatales.
Por otro lado, las condiciones de las pensiones que reciben los funcionarios públicos son mucho mejores que las del resto de la población. Mientras que las pensiones de la Caja tienen tope, muchas del sector público no tienen límite. Cuando lo tienen, es mucho más alto que el de la Caja. Mientras que los pensionados del IVM reciben una porción de los salarios que han reportado durante una buena parte de su vida laboral, los trabajadores del Estado reciben, en no pocos casos, pensiones que exceden por mucho los aportes que han hecho.
Este problema viene de muy atrás. Ha habido Gobiernos permisivos en los que ha primado el interés por tener contenta a una pequeña parte de la población, otorgándole beneficios que los demás no tienen. Como el costo lo pagan las generaciones futuras, nadie se queja.
Pero, además, hay un conflicto de interés enorme. Al aprobar las pensiones de lujo, mediante una ley o con una convención colectiva, los diputados o ministros de turno deben saber, en algún lugar de su cabeza, que algún día también se beneficiarán de esa decisión, directa o indirectamente.
Ingresos que no crecen, frente a gastos que crecen exponencialmente, son la mejor receta para una crisis financiera. Por eso, hace bien el Gobierno en empezar a actuar y ponerles coto a las pensiones de lujo. Aunque suene que es poca cosa ponerles tope a solo 910 pensionados, lo cual significa un ahorro anual de apenas 0,2% del presupuesto total del Gobierno, la verdad es que a pellizcos se mata un burro. Ahora falta que el Gobierno les entre duro a los demás regímenes, a fin de eliminar los abusos que se han creado a través del tiempo.
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