Para Juan, ir al centro de San José a hacer compras le resulta muy inconveniente. Implica el costo del pasaje de bus de ida y vuelta, y perder al menos medio día de trabajo.
Por eso, le resulta muy cómodo hacer compras por medio de Óscar, el “polaco”, que llega todas las semanas a su lugar de trabajo. No solo le puede llevar la mercadería hasta donde él trabaja, sino que, además, se la da en cómodos pagos quincenales.
El otro día Juan necesitaba comprar un par de zapatos. Sabía que en San José le costarían ¢20.000. Si los pagaba de contado, Óscar se los podía vender al mismo precio de lo que le costaban en San José. Pero le ofrecía, además, la opción de poder pagarlos en 12 cuotas quincenales de ¢2.000. Aunque Juan sabía que terminaría pagando ¢4.000 más, se ahorraría tener que ir hasta San José y desembolsar ¢20.000 de un solo tiro. Dinero que, de por sí, no tenía. De ahí que decidió comprarle a pagos los zapatos a Óscar, quien se los entregó a la salida de su lugar de trabajo, justo el día del pago de la quincena. Juan salió muy beneficiado con su decisión.
Pero resulta que el valioso servicio que presta Óscar ahora está amenazado. El Gobierno quiere pasar una ley para controlar los créditos “usurarios”. En la transacción, Óscar tuvo una ganancia por la venta de los zapatos, y otra por la venta a pagos. Esa última equivale a un rendimiento financiero del 70%.
El Gobierno considera que ese rendimiento es desmedido, por lo que debe intervenir para proteger a Juan. Por eso, pretende poner un techo a las tasas de interés que se pueden cobrar sobre las deudas. Aunque el proyecto va muy dirigido a tarjetas de crédito y almacenes de electrodomésticos que venden a pagos, también incluye a los “polacos” y a los prestamistas de pueblo o de barrio.
Esta es la típica iniciativa de gobierno que suena muy bonita, pero que es poco efectiva. Es de corte netamente populista, para quedar bien ante el pueblo y levantar la imagen del Gobierno.
Pero la aplicabilidad y las consecuencias de la ley son muy cuestionables. Las compañías de tarjetas de crédito y de electrodomésticos se inventarán algún otro mecanismo para cobrar lo que ellos creen necesario para seguir brindando el servicio. A los “polacos” y prestamistas de pueblo nadie los irá a supervisar. Si el Gobierno fuera tan bueno para atrapar a los que infringen la ley (que no lo es), lo que sucedería es que Juan se quedaría sin la opción de comprar los zapatos que tanta falta le hacen, porque no tiene la plata para comprarlos a contado y nadie le daría crédito. El pobre Juan se tendría que conformar con seguir usando sus viejos zapatos llenos de huecos, gracias al Gobierno protector.