Comoquiera que se miren, los hechos que llevaron a la destitución de Sebastián Urbina como viceministro de Transportes dejan al presidente y al gobierno en pésimo predicamento.
Entre sus implicaciones sobresalen el castigo a un funcionario por actuar con rectitud; la debilidad ante las primeras amenazas de un grupo de presión; el desdén por los intereses de los usuarios; la falta de políticas integrales en transporte; la incapacidad de asumir la representación de bienes públicos amplios sobre intereses privados estrechos; la propensión a reaccionar en lugar de proponer; y una cadena de contradicciones que terminó con el despido del funcionario tres días después de rechazar su renuncia.
Si Urbina se volvió inaceptable para un sector de autobuseros, no fue por su carácter, sino por tomar en serio sus responsabilidades; es decir, ordenar y articular rutas, impulsar los cobros electrónicos, mejorar los servicios, generar transparencia y combatir la colusión entre autoridades y transportistas.
Desde el comienzo del proceso, era lógico suponer que el gremio reaccionaría con hostilidad y presiones. Siempre lo ha hecho, generalmente con éxito. Pero también podía pensarse –y quizá así lo hizo Urbina– que el presidente, evangelista retórico del cambio y las buenas causas, convertiría sus palabras en acciones y, con un plan técnico, jurídico y político en mano, enfrentaría la andanada y abriría las puertas al reordenamiento estructural del transporte público.
Mera ilusión. El plan no existe; su manejo estratégico, tampoco. La firmeza se diluyó, los usuarios pasaron a segundo plano, el funcionario que quiso actuar bien fue sacrificado y las reglas emergentes cedieron ante los intereses corporativos.
Con su recule, Solís perdió credibilidad. Con su intervención directa, escaló prematuramente el caso hasta el más alto nivel del gobierno, y ahora solo puede delegar en el ministro, la más alta instancia del MOPT. Difícil pensar en peor mezcla táctica y política para negociar.
En setiembre del 2014 el presidente, que ahora cede, prometió ante la ONU impulsar “una red de transporte articulada” que, además de un “sistema ferroviario” incluiría “un nuevo sistema de servicio de autobuses”. Excelente propuesta. Lo ocurrido con el viceministro nos aleja aún más de ella.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).