Por: Eduardo Ulibarri 26 agosto, 2016

Aunque en circunstancias menos dramáticas, a la reforma fiscal puede aplicársele la frase atribuida a Galileo luego de que la Inquisición lo obligara a contradecir su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol: eppur si muove (pero se mueve). El más reciente paso adelante en su complejo engranaje fue el aval dado por la Comisión de Hacendarios al proyecto contra el fraude fiscal.

Tras complejas negociaciones, que a última hora se acercaron al fracaso, se adoptó un texto aceptable para todos, menos para Otto Guevara. Y aunque el diputado inquisidor anuncia 750 mociones para calcinar su avance en el plenario, es muy probable que al fin contemos con una ley que cumpla su gran objetivo: cerrar portillos a la evasión y sancionar a sus culpables. Por ello, las autoridades de Hacienda contarán con instrumentos robustos para actuar, sin duda en el marco de las garantías legales y constitucionales, pero también con expedición y eficacia.

Este proyecto es crucial por razones tributarias, políticas y sociales. Lo primero, porque existen múltiples portillos para la evasión, que privan al fisco de ingresos, afectan a los contribuyentes responsables (o sin forma de escaparse), que deben asumir mayor carga fiscal, y perjudican a la ciudadanía, que necesita mejores servicios.

El plan, además, es parte de un gran rompecabezas político, que incluye dos piezas descomunales: cambios en impuestos y ordenamiento en el empleo público. Que la oposición (salvo Guevara) haya cumplido con su compromiso de apoyar el más reciente texto, la fortalecerá en las negociaciones futuras y facilitará el camino para los más complejos.

Mantener cierta cohesión política, además, permitirá una mejor coordinación partidos-Ejecutivo para manejar la oposición gremial a la reforma en empleo público y el impuesto de ventas, y las presiones de sectores empresariales contra los cambios en renta. Aún es posible que el Ejecutivo, pusilánime, diga “no es conmigo” e intente desviar las protestas hacia los diputados; sin embargo, la aprobación del proyecto contra el fraude lo hará más difícil.

Estamos ante una muestra de madurez política y capacidad de diálogo que no debe frustrarse.

Resta lo más serio de la reforma, pero se mueve y es posible que llegue a buen término.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).