Por: Luis Mesalles, Luis Mesalles 20 febrero, 2016

El nombramiento (fallido) de la nueva intendenta de pensiones refleja claramente los problemas de control del gasto en el Estado.

Llama la atención el altísimo salario que habría devengado la intendenta designada, de más de ¢11 millones al mes. Cuando se incluye el aguinaldo, salario escolar y cargas patronales, el costo para el Banco Central habría ascendido a ¢170 millones anuales.

Si le sumamos el salario de un asistente administrativo, vehículo (a lo mejor con chofer), amplia oficina, computadora, luz, papelería y otros complementos más, que vienen con el puesto, nos damos cuenta de que tener un intendente de pensiones cuesta un bigote de plata. Y todavía falta contabilizar cuánto habría sido para el Estado el costo de la pensión de la funcionaria, dentro de pocos años, al haber recibido ella un aumento de más del 100% en su salario.

El costo relacionado con el puesto se justificaría porque sus funciones representan un valioso servicio público. Pero incluso, quien sería su jefe, Álvaro Ramos, señaló que el puesto no era necesario para la buena operación de la Superintendencia de Pensiones.

El problema sería menor, también, si el elevado salario se justificara porque se requiere para estar cerca del “mercado”, y así atraer al mejor talento para el puesto. Pero resulta que, como la funcionaria designada trabaja para el Banco Central desde hace mucho tiempo, y está bajo el antiguo régimen “salario más pluses”, el cálculo de su remuneración debía haber tomando en cuenta los “méritos” ganados por ella durante sus años de servicio. Como resultado, el salario calculado terminaba siendo un 20% más alto que el de los demás intendentes, y estando muy por encima del “mercado”.

Esta historia se repite en miles de puestos en todo el Estado costarricense. Salarios altos en comparación con otros similares, tanto dentro del mismo sector público, como del privado. Aumentos de sueldos que no se justifican por idoneidad o eficiencia, sino por automatismos y costumbres.

Gran cantidad de plazas que no son consideradas necesarias o indispensables por los mismos jefes, pero que no se eliminan bajo la excusa de que “hay que llenarlas porque están en el presupuesto”. Costos agregados por cada empleado que está en planilla, habiendo poco control y seguimiento sobre estos.

Urge una revisión integral del funcionamiento del aparato estatal. Claramente son enormes las oportunidades de mejora y de ahorros, mediante la eliminación de ineficiencias, abusos y desperdicios.

Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.