Las hay legales o ilegales, justas o injustas. Pero ayer salió a la luz un nuevo tipo de huelgas: las “atípicas”. El término fue acuñado por la jueza Adriana Orocú, no sé si como dirigente gremial u operadora jurídica.
Según dijo a La Nación, lo que otorga ese carácter al paro judicial, es que se produce “en contra de un poder de la República”. Sin embargo, muchas otras huelgas han tenido como blanco la Asamblea Legislativa y no por ello son “atípicas”. Por esto, debe haber algo más que justifique el calificativo. Con permiso de su autora, ayudaré a buscarlo.
Parto de una pregunta: ¿Fue el suyo un artilugio retórico sindical, un aviso sobre posibles abordajes de los tribunales ante la paralización de servicios públicos –que, en este caso, beneficiarían a sus propios integrantes–, o ambas cosas? La falta de respuesta remite al problema de fondo que revela su declaración: la gran confusión de intereses y roles institucionales que han nutrido el movimiento.
Cuando arrancó, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, superior jerárquico de los huelguistas y guardián en jefe de la legalidad, rechazó “hablar de sanciones”. Tampoco lo hizo luego de violaciones muy graves. Esto es atípico.
El sábado, la Sala IV ordenó a la Medicatura Forense realizar las autopsias y entregar decenas de cadáveres retenidos en ella. Sus empleados se negaron. Atípico.
Poco después, el magistrado Celso Gamboa, como “facilitador del diálogo”, llamó a algunos diputados para “sentarlos a negociar” con los sindicatos. Además, “como ciudadano”, pidió a la Fuerza Pública intervenir el Complejo de Ciencias Forenses. El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, acató el pedido. Atípico.
Anteayer, Carlos Montero, miembro del Consejo Superior de Administración del Poder Judicial, dijo a los diputados que, para ese órgano y la Corte Plena, una opción propuesta por actuarios de la UCR para salvar su régimen de pensiones es “confiscatoria”. ¿Puede haber mayor atipicidad y expresión de conflicto de intereses?
Ayer, la Corte anunció que pedirá declarar ilegal la huelga. Es un buen, aunque tardío y parcial avance. Aligera, pero no despeja, una gran sombra: la vulneración ya causada a la integridad judicial, no desde otros poderes, sino desde sí mismo. ¡Qué atípico!
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).