Por: Armando González R. 18 mayo, 2014

La Asamblea Legislativa aprobó una moción para constituir una comisión especial encargada de rendir un informe sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). La intención es dar a los diputados los elementos de juicio necesarios para decidir sobre el cierre o la reestructuración de la entidad.

Si la DIS ha de comportarse como hasta ahora, la comisión sale sobrando. El cierre es la única solución para una agencia secreta estatal, puesta a disposición del Poder Ejecutivo y capaz de poner en peligro, como lo hizo en el pasado, los más altos valores de la nacionalidad costarricense.

La DIS, una creación de la Guerra Fría, se ha visto involucrada en escándalos a raudales, casi todos relacionados con las libertades individuales y los derechos humanos. El caso Astur y las intervenciones telefónicas ilegales, los expedientes e informes levantados por razones ideológicas, el espionaje contra ciudadanos costarricenses, libres de toda sospecha de conspirar contra la seguridad del Estado, son todas actuaciones inaceptables en la sociedad democrática de la cual nos enorgullecemos.

Inaceptables son, también, los incidentes que revelan la falta de profesionalización de un cuerpo investigador tan propenso al abuso. Los recursos de inteligencia de la entidad fueron aprovechados para una supuesta estafa y algunos de sus agentes, dijo el exministro de Seguridad Pública Fernando Berrocal, brindaron seguridad a personajes cuestionables para redondear el salario.

La suma de hechos conocidos apunta a la más completa falta de control sobre el organismo y a una clara indefinición de sus objetivos y métodos. No importa quien gobierne, la existencia de semejante agencia debe ser vista como un peligro para los derechos humanos e individuales.

En las condiciones actuales, ni siquiera puede haber certeza de que la información recopilada sirva exclusivamente a los fines del Estado costarricense y se comparta con los aliados que, a juicio del Ejecutivo, deban conocerla. En medio de un desorden donde se prohíjan supuestas estafas y se brinda protección a personas encontradas con la ley, nadie garantiza la ausencia de un flujo de informaciones hacia quienes no deben recibirlas, sean agencias de otros países u organizaciones al margen de la ley.

La comisión legislativa se justifica en el tanto dirija su atención a la constatación de necesidades legítimas de inteligencia relacionada con la seguridad nacional y al diseño de las garantías necesarias para recabarla sin temor al abuso ni al menoscabo de los derechos fundamentales. De esas definiciones debería depender la decisión sobre la existencia de la DIS.