Por: Armando Mayorga 28 agosto, 2014

Judesur es puro nombre: Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. De junta, tiene toda una junta de burócratas que sirven para poco. De desarrollo, no tiene nada, porque en 17 años han sido incapaces de invertir en la gente, en los cinco cantones pobres de la zona sur, los millones que genera el Depósito Libre de Golfito.

Judesur, como lo dijo hace ocho años la entonces contralora general, Rocío Aguilar, no tiene sentido de existir, porque su impacto es nulo en el desarrollo de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.

Más de una decena de informes de la Contraloría han desnudado en una década la ineficiencia de los administradores de esta junta. Abel Pacheco intentó intervenirla en el 2004, pero no pudo, pues se alegó que solo la Asamblea Legislativa tiene potestad, y Laura Chinchilla pidió en el 2011 la renuncia de la directiva por su incapacidad para invertir la plata, pero todos se quedaron en sus sillas.

La semana pasada, tarde, pero ojalá con paso seguro, el Gobierno decidió intervenir este desastre de entidad semiautónoma, otra vez con el mismo alegato: incapacidad para invertir.

Solo del 2007 al 2013, Judesur engavetó ¢30.000 millones (43% del total), mientras la pobreza, el desempleo, falta de obra y de oportunidades son cosa diaria en la vida de los habitantes de estos cantones, ubicados entre los de menor desarrollo social.

Judesur, así, es el ejemplo de la irracionalidad del Estado: mientras la Junta no sabe qué hacer con sus abultadas cuentas bancarias, la pobreza se engorda en los cinco cantones.

Los ciudadanos han sido muy tolerantes porque títulos no faltaron: “Dinero del Depósito de Golfito está lejos de los más pobres” (2004), “Contraloría solicita intervención de Judesur” (2004), “¢10.000 millones para obras y empleo en zona sur sin uso” (2005)... y, así, por decenas.

Hoy, el desastre alcanza al Depósito, donde solo se invirtió el 50% del presupuesto, lo cual influye en su decadencia: de 239.000 visitantes en 1997 se cayó a 173.000 en el 2014, de 51 locales se pasó a 35, y el número de trabajadores bajó en 50%.

Esta intervención de Judesur por seis meses abre un camino para la correcta inversión del dinero público, para eliminar vicios y para denunciar malos manejos de dinero. Por eso, la Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda deben dar seguimiento directo, a fin de que este acto no termine siendo un bluf.

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