En las últimas semanas ha recrudecido el enfrentamiento entre el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Las dos entidades reclaman tener potestades regulatorias sobre el transporte público. Si uno examina la Ley 7.969 del CTP y la 7.593 de la Aresep existe, efectivamente, una duplicación de potestades. Esto debe resolverse rápido, y decirle al CTP que muy bien muchas gracias, pero que siempre no.
El Consejo tiene problemas de diseño y de capacidad institucional para regular el transporte público. Su junta directiva está compuesta por siete miembros, entre ellos, dos representantes de los transportistas y un par de despistados (uno del Ministerio del Ambiente y otro de la Unión de Gobiernos Locales). Con ese elenco de lujo, se supone que debemos esperar cosas como la planificación estratégica, la adecuada aprobación de concesiones, la protección de los intereses de los usuarios y la regulación del servicio. Sigan esperando.
La Asamblea Legislativa dio a un sector empresarial poder para dictar sus propias políticas públicas y autorregularse. Esto hay que eliminarlo. Además, ¿qué sabe el chancho de aviación si nunca ve para arriba? Los despistados calientan banco en una instancia que decide sobre una materia especializada, clave para el funcionamiento de la ciudad. Se necesita gente de alto perfil técnico.
El CTP no tiene la infraestructura ni los recursos técnicos para sus labores. Larguísima es la lista de pendientes que acumula en los quince años de existencia. Por ejemplo, cero planificación estratégica del sector. No es realista esperar de un escuálido CTP políticas de transporte público que transformen la triste realidad que impera. Por si fuera poco, su institución madre es el benemérito MOPT.
Sus resultados son poco defendibles. El sector del transporte público sigue casi congelado en el tiempo y cambia al ritmo y en la medida que conviene a los concesionarios de buses y taxis, pese a la rápida metropolización del país.
¿Consecuencias? Trazado de rutas inadecuado; impunidad para concesionarios; reiteración de los mismos conflictos una y otra vez; y surgimiento de servicios informales de transporte público.
El CTP se golpea el pecho y dice que ellos son los meros meros. La verdad es que no. En el plazo inmediato, debiéramos quitarle todas sus competencias reguladoras y dejarlas en la Aresep. A mediano plazo, el CTP tal y como lo conocemos debiera ser reemplazado por un órgano técnico. Ciao , gaticos caseros y despistados.
(*) Jorge Vargas Cullell es politólogo. Realiza gestión de investigación y colabora como investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es Ph.D. en Ciencias Políticas y Master en Resolución Alternativa de Conflictos, de la Universidad de Notre Dame (EEUU); y Licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Ha escrito numerosos libros y artículos sobre temas como calidad de la democracia, actitudes políticas y reforma del Estado.
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