En el presupuesto, el fenómeno se llama deuda creciente, transferencias y asignaciones fijadas por ley o esculpidas en la Constitución, impuestos con destino específico y disparadores salariales con vida propia. Por todo esto, la presupuestación es, en esencia, un ejercicio anual de frustración: llenar espacios preestablecidos, con recursos insuficientes y sin capacidad para convertir el ejercicio en una oportunidad de gestión política.
De la mano de esa inercia, acentuada (no creada) por el Ejecutivo, hemos llegado, de nuevo, a una crisis fiscal. Si de abortar los daños más inmediatos se tratara, bastaría con aumentar ingresos. Hay que hacerlo; con urgencia. Pero resultará totalmente insuficiente, además de injusto: sacar más de los bolsillos privados para pagar lo que el sector público no ha arreglado, y mantener las condiciones para otra crisis a corto plazo.
¿Qué más, entonces? Ya se ha caminado para reducir la carga de las pensiones de lujo; se vislumbra una reforma en los caóticos disparadores del empleo público; pareciera que se aprobará la ley contra el fraude tributario y hay posibilidades de una “regla fiscal” que establezca orden en el gasto. Pero tampoco lo anterior basta, aunque ayude mucho.
La solución definitiva hay que sembrarla en otro surco: eliminar, ajustar o cambiar el imperio de los destinos fijos (como porcentajes del PIB, del presupuesto o de ciertos impuestos) que en algún momento, con realidades y necesidades distintas, se incluyeron en una ley o acompañan a la Constitución. Al menos deberían estar sujetos a resultados.
El cambio será en extremo difícil; la oposición, feroz. Por esto hay que comenzar a moverlo. Solo así se podrá generar la fuerza suficiente para frenar la inercia, estabilizar estructuralmente el presupuesto, adaptar prioridades a necesidades y convertirlo en fuente de políticas públicas a tono con nuestra época.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).