Por: Armando González R. 20 julio, 2014

A Unamuno no le gustaba Anatole France porque no sabía indignarse. No le gustaría, tampoco, la clase política costarricense. Indignante es el caso de los porteadores, pero nadie alza la voz en el Congreso para denunciarlo y exigir la rectificación de tan chocante injusticia.

Con más valentía, Carlos Guevara, un humilde trabajador de Guápiles, se irguió para revelarle al país detalles del negocio. El permiso de explotación de una de las 722 “franquicias” concedidas por el Estado a la sociedad Unaporte, fundada por el diputado libertario José Alberto Alfaro, le costó ¢1 millón.

Recibo en mano, Guevara acreditó la veracidad de su dicho. A sus 65 años, perdió la franquicia, y el millón, de manera sumarísima. Se le acusa de deslealtad, es decir, de abrir la boca para denunciar, indignado, lo que callan sus representantes en la Asamblea Legislativa.

Si la “franquicia” de don Carlos vale ¢1 millón, los miembros del anterior Congreso crearon las condiciones para regalarle a Unaporte ¢722 millones. Otras seis empresas gozan, por la misma gracia, de ¢958 millones y, luego, les siguen operaciones similares, algo más modestas. De las 3.072 placas otorgadas por el Consejo de Transporte Público, solo una se le adjudicó a una persona física, es decir, a un trabajador del porteo.

A Carlos Guevara le correspondía pagar, también, ¢75.000 anuales para satisfacer el canon de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y ¢21.000 semanales por gastos operativos, seguros y “afiliación”. Los gastos no deben ser muchos, porque a las empresas básicamente se les exige tener un predio para estacionar los autos. A eso podría sumársele un telefonista y, quizá, algo de personal administrativo. El vehículo y su mantenimiento corren por cuenta del “franquiciado”.

Si el pago semanal de don Carlos es representativo y se le multiplica por 722, hablamos de más de ¢60 millones mensuales. Para eso soportamos los ciudadanos las protestas, cierres de vías y “tortuguismos” hechos en nombre del derecho al trabajo de los entonces llamados “taxistas piratas”.

Don Carlos ya no goza de ese derecho, ni de la inversión en el auto y la “franquicia”. En cambio, ejerció la libertad de expresarse, indignado, como sabía hacerlo el filósofo vasco.

Los titulares de las placas castigan con ellas la “deslealtad” e imponen el silencio. La ley los ampara. Don Carlos está desamparado. No se puede intervenir en la esfera privada, donde impera el principio de autonomía de la voluntad, dice el Consejo de Transporte Público. El caso es para indignarse y preguntar, con Miguel Hernández, de dónde saldrá el martillo verdugo de estas cadenas.

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