Por: Armando González R. 25 septiembre, 2016

La defensa del desconcertante desaire a Brasil en las Naciones Unidas profundiza el ridículo de nuestra diplomacia. Primero, dice la Cancillería, se trató de una decisión individual, desvinculada de la previsible protesta de las dictaduras latinoamericanas y sus aliados autoritarios. Es difícil creerlo y, si fuera cierto, debimos prever la mala compañía y la inevitabilidad de las malas interpretaciones.

El hecho es que el gesto teatral del presidente Solís lo insertó en el reparto de la Alianza Bolivariana, aunque fuera para ese único acto. Cuando el presidente Michel Temer estaba a punto de tomar la palabra, el mandatario abandonó la Asamblea General acompañado por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

En segundo lugar, dice la Cancillería, el desaire al mandatario brasileño “obedece a nuestra duda de que ante ciertas actitudes y actuaciones, se quiera aleccionar sobre prácticas democráticas”. La frase demanda una exégesis. Al parecer, Solís adivinó una intención aleccionadora del mandatario brasileño y no le concedió estatura moral para ejercerla.

Costa Rica se precipita, entonces, por el barranco de la incoherencia. Salvo un golpe de timón en este momento imprevisible, en la próxima Cumbre Iberoamericana escucharemos, imperturbables, a Nicolás Maduro y Raúl Castro. Luego de lo sucedido en la ONU, esa pasividad implicará un reconocimiento de su suficiencia moral.

Para no caer en falsas equivalencias, es preciso señalar la distancia entre lo sucedido en Brasil y las tragedias de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Dilma Rousseff fue depuesta mediante un juicio político previsto por la Constitución. Las razones del proceso no son convincentes, como tampoco lo eran las invocadas para el impeachment de Bill Clinton en 1999. El resultado en Washington se diferenció del de Brasilia porque en el primer caso faltaron 17 votos. En ambos se siguieron los preceptos constitucionales y si Clinton hubiese sido depuesto, Costa Rica no le habría hecho desaire alguno al presidente Al Gore.

En Nicaragua, nuestra compañera de paseíllo, el fraude electoral está institucionalizado y Daniel Ortega expulsó a la oposición del Congreso. En Venezuela no hay libertad de prensa, las cárceles se llenan de presos políticos y el Ejecutivo se burla de la Asamblea. En Cuba, sobran los comentarios.

Por último, manifiesta la Cancillería, “el presidente Solís no está obligado a escuchar un mensaje que no quiere o no le interesa oír”, como si fuera razonable someter el derrotero de la política exterior a las preferencias y estados de ánimo del mandatario.

El autor es director de La Nación.