Por: Nuria Marín Raventós 6 mayo

Con tan solo diez meses en el cargo, el presidente del Incofer, Christian Vargas, renunció. Una mala noticia para una institución necesitada de continuidad y por la cual han pasado en esta administración dos jerarcas.

Si antes eran urgentes las mejoras en el servicio de tren, por el caos vial, ahora con los trabajos en el puente de “la platina”, este servicio, pese a sus múltiples deficiencias, ha dado calidad de vida a sus 20.000 usuarios diarios y serían muchos miles más si se ampliaran los horarios, cobertura y calidad.

Escuchando la entrevista del hoy expresidente Vargas en Diálogos de diciembre del 2016, no veremos mejoras significativas a corto plazo, pues, según sus cálculos, tomaría entre 18 y 24 meses contar con nuevas máquinas y cinco años para el tan esperado tren eléctrico.

Desalientan estos plazos, frente a una actividad que debe decretarse como prioridad nacional, y extraña la no existencia de una mejora más significativa, tras la aprobación de la Ley 9366 de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, aprobada en junio del pasado año.

Por cierto, llama la atención que, impulsada por este gobierno y de tan corta data su promulgación, el presidente dimitente la haya definido como obsoleta, ganándose el reclamo de varios oficialistas que la promovieron.

Quien asuma el cargo tendrá una gran responsabilidad para cumplir la misión encomendada a dicha institución: “brindar servicios de transporte ferroviarios modernos, sostenibles y eficientes, integrados en un marco de gestión empresarial que permita la participación del sector privado y que facilite la generación de actividades productivas complementarias (tomado del informe de labores del 2016).

El MOPT y el gobierno tienen igualmente la corresponsabilidad de apoyar esta institución con ayudas interinstitucionales, recurso técnico y la facilitación de trámites en una materia que debería ser declarada de emergencia nacional.

Echamos de menos ese sentido de urgencia, por no mencionar los riesgos de sostenibilidad de un sistema en el que viajan 4 millones de usuarios anualmente y depende de la salud y presencia de sus escasos 18 maquinistas, debilidad en la que se está trabajando, o que la pérdida de dos máquinas por un choque frontal cause una baja tan significativa para la institución.