Con buenas intenciones, el país decidió proteger, mediante la inamovilidad, la independencia de algunos funcionarios públicos. Por lo general, la remoción del cargo, en esos casos, depende de la demostración de graves responsabilidades. La sola desidia o, simplemente, el mal desempeño, no son motivos de destitución.
Pero la inacción o incompetencia de órganos indispensables del Estado puede ser tan dañina como su falta de independencia. Es preciso encontrar el equilibrio, porque el país no debe casarse con un funcionario y renunciar, en el acto, al divorcio si las circunstancias lo ameritan.
En los últimos días, el problema salió a la superficie en dos ámbitos: el judicial y el bancario. La insatisfacción social e institucional con la jefatura del Ministerio Público es un hecho evidente, manifiesto por muchas vías y no circunscrito a la actitud parsimoniosa frente a los créditos cuestionados del Banco de Costa Rica.
Hace poco más de un año, magistrados de la Corte Suprema de Justicia mostraron preocupación por el rezago de importantes expedientes judiciales en el Ministerio Publico. El fiscal general, Jorge Chavarría, se negó a dar explicaciones e invocó la independencia de su despacho. Nadie preguntó sobre actuaciones concretas, solo sobre el retraso. Responder a esos cuestionamientos, en opinión del fiscal, causaría menoscabo a la autonomía del Ministerio Público. En otras palabras, si la eficacia de su despacho no satisface, el país debe soportarlo en silencio.
En el Banco de Costa Rica, el presidente, Luis Guillermo Solís, se dio de bruces contra la inamovilidad. La Junta Directiva, incluidos los miembros nombrados por él, se negó a renunciar ante el pedido del mandatario. En consecuencia, Solís anunció su intención de destituirlos, para lo cual debe iniciar un procedimiento administrativo.
El cese de los directivos solo será posible si ese procedimiento acredita la existencia de una de las causales taxativamente contempladas por la ley, pero los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras, más que establecer responsabilidades individuales, cuestionan el gobierno corporativo del Banco, comenzando por la Junta Directiva.
En este caso, la inamovilidad protege a los individuos por mucho que las críticas recaigan sobre la gestión colectiva. En otras palabras, si el problema es del órgano y no se individualizan las responsabilidades de quienes lo integran, el único remedio es la resignación.
Armando González es director de La Nación.