Por: Jorge Vargas Cullell 12 marzo, 2015

Estamos en un impasse político. El presidente declara a su gobierno en asedio cotidiano (¿tan temprano en su administración?); en el Congreso se escenifican fracturas entre y dentro de los partidos; y asistimos a una guerra de campos pagados sobre el verdadero precio de la electricidad.

Las redes sociales, por supuesto, están que arden por el combate sideral de todos contra todos y sobre cualquier cosa. Uno está tentado a poner el botón de pausa a ver si nos ordenamos un poco y acomodamos prioridades.

En fin, muchas declaraciones por todo lado, al estilo del mundo futbolero, en donde juegan 90 minutos y se pasan hablando los restantes siete días. Para enredar más, el cierre de algunas empresas se minimiza (gobierno) o se maximiza (oposición política y social) sin examinar las verdaderas razones en cada caso. El tema es demasiado serio para meterlo en esta mejenga verbal en la que el gobierno, el único obligado a ordenar el rumbo, se metió de lleno como uno más.

Pese a la levedad política, en los últimos días ocurrieron dos acontecimientos con implicaciones estratégicas para el país y que, debido al ruido imperante, podrían pasar inadvertidos. El primero es la reglamentación de la nueva ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la decisión del principal banco privado de participar en la iniciativa. De esta forma, se está abriendo una gran oportunidad para estimular a la pequeña y a la mediana empresa, de encadenarla a los sectores dinámicos de la economía y de reformar los modos como operan bancos e instituciones. Si se hace bien, el aparato productivo dispondrá de $600 millones y una red renovada de apoyos institucionales. Si se hace mal, será el óleo clientelista más grande de las últimas décadas.

El segundo es el inicio de las obras en el nuevo puerto de contenedores de APM, en Moín. Es el fin de un verdadero calvario legal, atizado por una mélange de sindicatos y ciertas organizaciones empresariales. Aunque Sintrajap anuncia que la guerra sigue, tiene pocas opciones de descarrilar el proceso. Costa Rica está absolutamente necesitada de esta inversión. La clave ahora se llama “cumplimiento” y capacidad de monitoreo y evaluación.

Nada de esto dice que el país va hacia adelante, pues son hechos insuficientes para definir un rumbo; sin embargo, es un error no valorar su importancia: el SBD y APM apuntalarán nuestra plataforma para el desarrollo. Lo que corresponde a partir de ahora es construir sobre estas nuevas fortalezas y rescatar al país del pleitillo político insustancial.