Por: Jorge Guardia 9 junio, 2015

Debo rectificar lo dicho por don Mario Arce sobre su apreciación, y la mía, del controvertible proyecto de Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

Insiste en que en el Reglamento “no hay ideología, solo aspectos técnicos”. Se trata –según él– de un inocente “ordenamiento territorial”. Yo sostengo lo contrario. Sí hay ideología involucrada, muy izquierdosa por cierto. Tampoco es inocente. Se lanza con saña contra las urbanizaciones por considerarlas “lo más económico y socialmente desigual que se recuerde”, según sus propias palabras. Se le salió la ideología del clóset.

Agrega que “las normas técnicas deben aceptar principios del desarrollo equilibrado en lo social, económico y ambiental y aceptar ciertos dogmas”. Entonces, si hay “dogmas” y “principios”, no son tan técnicas. Ahí también se contradice. Uno puede discutir hasta la saciedad cuál es el mejor modelo económico y social sin llegar a ponerse de acuerdo, pues en esa discusión habrá toda suerte de planteamientos ideológicos. Lo que me parece más inapropiado, y solapado, es tratar de imponer esa ideología por reglamento, no por ley, sin acudir a la Asamblea Legislativa a deliberar abiertamente lo que más conviene a Costa Rica.

Siento que don Mario disfruta los ataques personales (ad hóminem). Disiente del modelo de apertura iniciado en los ochenta que, según él, yo ayudé a impulsar “y cuyos resultados los vivimos todos en forma diaria”. Evidentemente, adversa el capitalismo y su sistema de precios, el TLC, la iniciativa individual y el libre mercado, que son las bases del progreso y desarrollo. ¿Por qué las rechaza? Por pura ideología. Y, sin embargo, insiste en que no se destiló su pensar en el Reglamento, del cual es coautor.

Cuando leo en esa opresiva reglamentación que en los condominios se prohibiría la edificación de vallas o tapias protectoras, pienso que detrás de tal norma, supuestamente “técnica”, hay un deseo inconfeso de hacerlos vulnerables para acabar con la protección privada, erigida para suplir las fallas estatales en la seguridad; cuando leo del deseo de cruzar vías públicas entre sus espacios para integrarlas “a huevo” con otras comunidades, pienso que también intentan acabar con la privacidad; y cuando veo que las municipalidades o el INVU solo permitirían nuevos desarrollos “si hubiera suficientes habitantes en la zona”, me convenzo, en definitiva, que sus días estarían contados. Raras veces he leído un reglamento tan asfixiante y opresivo.

¡Ay de constructores y compradores! Los van a poner a parir.

Jorge Guardia es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho económico en la Universidad de Costa Rica.