Por: Jorge Guardia 28 febrero

¿Conviene trasformar el impuesto sobre las ventas en uno al valor agregado (IVA)? La respuesta es sí. ¿Conviene hacerlo mediante la aprobación del último (¿último?) proyecto prohijado por el titular de Hacienda? La respuesta es no. Ya son muchas sus idas y venidas sobre el IVA.

Para que la historia lo recuerde buenamente por su nombre de pila –Helio– y no por el apellido paterno –Fallas–, deberá desechar la última versión del proyecto (versión light ), aparentemente negociada con Liberación, y volver a la original (la primerísima de todas, con menos exenciones, la que gravaba todos los servicios, incluidos educación y salud, a una tasa del 15%), que era mucho mejor.

En buena teoría, el IVA debe gravar todas y cada una de las etapas donde se agrega valor a los bienes y servicios consumidos, y permitir al productor deducir de sus compras el impuesto pagado para evitar distorsiones económicas y la doble imposición. Por tanto, no debería haber exenciones ni tarifas diferenciadas que, al final, diluyen su efectividad (salvo sobre compras e importaciones de bienes de capital y sobre las exportaciones para no afectar la competitividad). Bien diseñado, garantizaría incrementos en los ingresos conforme a la expansión del PIB. Ahí reside su efectividad recaudatoria. Y si la tarifa sube del 13% al 15%, miel sobre hojuelas.

¿Regresivo? Sí, sin duda, pero da plata. Es el más eficaz que podría tener un país en desarrollo con urgentes necesidades fiscales. La efectividad se mide de dos formas: como porcentaje de la recaudación sobre el PIB dividido entre la tarifa estándar del impuesto, y como porcentaje de la recaudación sobre el consumo total, divido por la tarifa estándar del impuesto. Entre más altas, mayor efectividad. ¿Habrán hecho el correspondiente ejercicio para ver cómo salimos frente a otros países?

¿Qué necesidad tiene el gobierno de hacer una mala negociación si no disfrutaría los nuevos ingresos y, además, financieramente ya salió? Entre más se suavice, menores recursos, mayor la brecha fiscal y menos fondos para satisfacer necesidades sociales. Lo peor es que conforme se expanda la producción, las exenciones y tarifas diferenciadas irían minando los ingresos y, en pocos años, habría que imponer nuevos tributos para mantener la misma recaudación en términos del PIB. Diluir la base es el peor castigo que pueden hacer a quienes más necesitan programas sociales bien financiados.