Estos son los mensajes clave, aunque no necesariamente explícitos, de un conjunto de reformas presentado por la Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa. Sus articulados requieren cuidadoso análisis, pero, sobre todo, genuino compromiso de los diputados para lograr lo que proponen: elevar el vigor y la transparencia del Estado.
Todo indica que su buena disposición existe. El miércoles 14, cuando la contralora, Marta Acosta, entregó los tres proyectos de ley que componen la iniciativa, congresistas de casi todas las fracciones los acogieron con entusiasmo. La clave es que sus buenas intenciones se conviertan en oportunas acciones y conduzcan a un trámite fluido. Porque, detalles al margen, las reformas son fundamentales.
Uno de los planes busca que el Congreso, no la Contraloría, apruebe los presupuestos de una serie de entidades públicas que escapan a los filtros políticos y fiscales. Otro, que las instituciones (sobre todo sus jerarcas) asuman la responsabilidad de adjudicar y refrendar proyectos. Uno más está encaminado a liberar a la Contraloría de una serie de funciones accesorias o redundantes impuestas por leyes diversas que, en el fondo, la alejan de sus mandatos clave.
El resultado global podría ser mayor agilidad, menores y mejores controles, aumento en la transparencia y bases más sólidos para exigir cuentas.
No es frecuente que una institución, sin descuidar su frenético “día a día”, emprenda un ejercicio concienzudo de diagnóstico e introspección, reflexione sobre la esencia de su mandato, identifique las barreras que lo entorpecen y plantee los cambios necesarios para potenciarlo, aunque algunos vayan contra enclaves burocráticos internos.
La Contraloría lo ha hecho sin temores. Razón de más para destacar la iniciativa.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
Escuchar