Existe la creencia de que cuando el Estado hace algo “al costo” es más barato que cuando lo hace una empresa privada. Se cree que, como esta última tiene fines de lucro, al agregar la utilidad al costo el precio final tiene que ser más caro. En la realidad, eso no es necesariamente cierto. Es más, rara vez es cierto.
Existen dos circunstancias en las que podría ser que algo hecho por el Estado salga más barato que si lo hiciera una empresa privada. Una, que el Estado sea más eficiente (costos más bajos) que cualquier empresa privada. Otra, que aunque el Estado sea más ineficiente (costos más altos), la utilidad que se deja la empresa privada sea mayor que la diferencia de costos entre la empresa pública y la privada.
En dichas circunstancias, ameritaría la participación de una empresa pública en lugar de una privada. Esto podría suceder cuando hay economías de escala enormes, tales que no existiera, ni en el país ni en el mundo, ninguna empresa privada con suficiente tamaño para llevar a cabo la labor de manera eficaz.
Pero también podría ser que no se dan las condiciones de suficiente competencia entre privados, en cuyo caso la situación monopolista lleva a niveles de utilidad, y de costos, muy elevados.
En Costa Rica, tenemos varias situaciones monopolísticas. Algunas de ellas se dan en el sector privado. Por ejemplo, en licitaciones públicas, suele suceder que los carteles están mal diseñados, de manera que no permiten una verdadera competencia entre participantes. Eso se puede dar por corrupción, o por ineptitud, o por negligencia de los funcionarios públicos que diseñan los carteles. En todo caso, el resultado es un sobrecosto para el Estado y ganancias extraordinarias para los privados.
También se dan los casos de empresas estatales monopolísticas, como Recope, el ICE (energía) o la CNFL. Al no tener competencia, están llenas de ineficiencias, gastos innecesarios y beneficios extraordinarios a empleados y directivos.
Se supone que la Aresep está obligada a verificar que “el costo” sea razonable. Sin embargo, las tarifas usualmente se fijan según “lo que costó”, lo cual incluye todos los sobrecostos, y es mucho más que el verdadero precio si hubiera competencia.
Por eso, “al costo” no siempre es lo más barato. Sin competencia entre privados, este se eleva. Pasar de un monopolio privado a uno público tampoco garantiza una disminución del costo. Conviene, más bien, explorar medidas que aumenten la competencia entre participantes, públicos y privados por igual.
Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.