Por: Juan Carlos Hidalgo 16 enero

L a decisión de la Junta Directiva de la CCSS de aumentar en un 35% el aporte de los trabajadores al esquema Ponzi conocido como régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es repudiable por dos razones: su arbitrariedad y cortoplacismo.

En un salón de sesiones cerrado, sin ningún tipo de debate público, nueve personas que no fueron elegidas popularmente decidieron incrementar de manera significativa el monto de un tributo que golpea directamente a 1,5 millones de trabajadores. Esto es curioso puesto que el artículo 121 de la Constitución establece como una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa la de “establecer los impuestos y contribuciones nacionales”.

Si bien las cotizaciones a la seguridad social no son impuestos, lo cierto es que la teoría fiscal moderna reconoce ampliamente su carácter tributario. Es decir, se trata de exacciones que solo la Asamblea Legislativa puede establecer a través de una ley. Lamentablemente, la Sala Constitucional se ha negado a definir a las cargas sociales como tributos, lo cual permite una arbitrariedad como esta, donde una junta directiva, sin mayor publicidad o mandato popular, pueda aumentarlas unilateralmente.

La medida también es cortoplacista. Según las propias declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Rocío Sáenz, el fin es “garantizar que este año no se van a utilizar recursos de los intereses para pagar la pensión”. ¿Y qué pasará el próximo año? ¿O el que sigue? A todas luces lo que la Caja pretende es sacarles ¢100.000 millones anuales a los trabajadores para darle un pequeño respiro a un sistema de pensiones que va inexorablemente rumbo a la bancarrota en una década.

A los costarricenses se les está obligando entonces a cotizar más por una jubilación que no van a recibir si el IVM continúa tal y como está estructurado –y el objetivo de la medida, no olvidemos, es precisamente posponer cualquier reforma–. De tal manera que la decisión de la CCSS es un simple parche que se adopta coincidentemente en el último año del gobierno.

No nos llamemos al engaño: evitar una crisis de pensiones va a requerir que los trabajadores coticen más para su retiro. Pero no es lo mismo pagar más por un ahorro individual que garantiza una pensión –como es el caso del sistema de capitalización individual– que por un régimen que de todas maneras va a quebrar.

Con esta decisión, lo único garantizado es que la estafa del IVM sobreviva por unos meses más.