Hay en las propuestas del Frente Amplio una inclinación a circundar la institucionalidad y reemplazarla con mecanismos de “democracia directa”, típicos del autoritarismo latinoamericano de nuevo cuño, que los instituye para luego manipularlos.
Las iniciativas con potencial impacto sobre las fuentes de agua, la biodiversidad y las alternativas de desarrollo serían sometidas, según el programa de gobierno, a consultas comunitarias vinculantes, donde los criterios técnicos brillarían por su ausencia y la decisión definitiva sería de índole cuasi electoral.
La categoría de temas a consultar es amplia. Bajo la sombrilla de “asuntos ambientales”, casi cualquier iniciativa podría estar sujeta a referendo y su aprobación dependerá no de una estrategia de desarrollo o de estudios con base en la ciencia, sino de una campaña política local en cuyo desarrollo el Estado no se abstendrá de participar.
Según el candidato José María Villalta, la diferencia entre sus planteamientos y el Estado benefactor y paternalista del pasado reciente es el “empoderamiento” de las comunidades, organizadas para exigir sus derechos, en condición de actoras de los procesos políticos, con apoyo del Estado mismo.
Ni los partidos políticos, ni los gobiernos locales, ni las organizaciones gremiales y comunales establecidas en la actualidad están llamados al protagonismo típico del ejercicio democrático republicano. Son las “comunidades”, estimuladas por el Estado, las convocadas a asumir el papel de actoras.
El planteamiento parece ultrademocrático, pero la sustitución de los mecanismos formales de la democracia republicana implica también la ruptura con la legalidad que los gobierna, y establece límites a sus actuaciones, siempre sometidas al control judicial en resguardo de los derechos y libertades individuales.
Hay notables diferencias entre los mecanismos de participación y consulta establecidos en las repúblicas democráticas y los imperantes en naciones donde echa raíz el populismo de izquierda, particularmente en América Latina. Una es la legalidad del Estado de derecho, suplantada en aquellas naciones por la amorfa convocatoria a las masas, cuya voluntad, fácilmente manipulada, se impone sin más requisitos que la mayoría momentánea. Otra es el Estado activista, que empeña sus formidables recursos en la tarea de conformar esa mayoría y orientar sus decisiones.
El Estado crea el foro, induce sus acuerdos y luego se dice obligado a hacer lo que la voluntad popular dicta, que casi siempre coincide con lo que el Estado, es decir, los gobernantes, quería. Ese es el camino del autoritarismo de nuevo cuño.