El suelo es un bien escasísimo en Costa Rica. La aritmérica es así: a los 52.000 kilómetros cuadrados (km²) de territorio continental sáquenle el 26% del sistema de áreas protegidas naturales. Si redondeamos, nos quedamos con 40.000 km². Quite otro 25% de tierras no protegidas pero abruptas y malas para producir. Entonces, nos quedamos con unos 26.000 km2 para todo: producción agrícola, infraestructuras y viviendas para 4,5 millones de personas. Apenas más que El Salvador, el pulgarcito de América. Poquito, ¿no? Para rematar, pensemos que una parte del terreno habilitado se inunda, está sobre fallas tectónicas o cubierto de bosques.
Si no estuviéramos presos de una suerte de insensatez colectiva, un bien tan escaso sería administrado con suma prudencia, para rendirlo lo más posible en beneficio de todos. Digo, si no fuéramos insensatos. Pero lo somos. Resulta que en Costa Rica no tenemos políticas de ordenamiento territorial capaces de dar señales claras a empresas, familias e instituciones sobre dónde se puede sembrar y dónde no; para dónde crecerán las ciudades y para dónde no; dónde puede ir una marina o un superhotel o una carretera, y dónde no. Solo unos pocos cantones del país tienen un plan regulador como lo manda, desde hace cincuenta años, la ley.
Lo que sí tenemos es una sarta de controles administrativos que retrasan a todos, pero que al final no logran el cometido principal: usar inteligentemente el territorio. Uno ve a la gente corriendo del INVU al Ministerio de Salud, y de ahí para Setena o la “muni”. Sin embargo, nadie sabe cómo se ordenarán las ciudades a fin de no agravar el caos urbano y la contaminación ambiental que soportamos. Si seguimos así, en pocos años millones tardarán tres o cuatro horas diarias en llegar a sus trabajos. Y los conflictos por el uso del suelo serán cada vez más complejos y violentos.
Algún calenturiento puede pensar que lo mejor es dejar el suelo a la libre: que el mercado ordene naturalmente las cosas. Muy bien, tendremos muchos proyectos Avenida Escazú para gente linda, pero ¿echamos al mar a los que no puedan comprar un pedazo de tierra? ¿Nos dirá el mercado el lugar adecuado para disponer la basura? Recordemos que los países más avanzados tienen regulaciones de mayor calidad sobre el suelo, hasta draconianas. Sin embargo, también es cierto que la solución no es que los burócratas se hagan cargo. Fijo que meterán feo la pata. Con ese bien tan escaso como el suelo no nos queda otra que concertar el territorio, procesos participativos donde dirimamos intereses y aspiraciones, y permitamos que todos quepan en esta nuestra pequeña madriguera, sin abuchonarse. Tema crucial pero políticamente no atractivo.
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