Por: Jorge Vargas Cullell 3 abril, 2014

Somos una sociedad que, por muchos años, tuvo a viejos y a discapacitados metidos dentro de las casas. Los viejos –“roquillos” para mejor entendernos– quedaban a cargo de las hijas (los varones zafaban el lomo), que resolvían su cuido. A los discapacitados se les llamaba “tontitos”, “cieguitos” o así, diminutivos que malamente disimulaban displicencia. Unos y otros eran vistos como calamidad y suerte de vergüenza social para las familias.

Podrían reprocharme la brutalidad esa de meter a discapacitados y adultos mayores en un mismo saco, recreando en pleno siglo XXI el prejuicio que por mucho tiempo nos dominó. Lo acepto. Pero es que de ahí venimos y nos está costando mucho cambiar la página. Sé que discapacitados y adultos mayores son poblaciones distintas y diversas (aunque con superposiciones importantes), pero también sé que fueron históricamente tratados con la misma negligencia y, cuando no, discriminación. Hoy, quizá, ya no tan abiertamente, pero los problemas siguen.

Pese al rápido crecimiento de nuestra población adulta mayor (400.000 personas) y, dentro de ellos, de quienes están en la cuarta edad (más de 80 años), los servicios públicos para el cuido están notablemente rezagados. En el mundo privado, la oferta es escasa, cara, fuera del alcance del bolsillo de las mayorías y, en muchas ocasiones, de baja calidad. La nueva ley nacional de cuido se orienta principalmente a la niñez, no a los mayores. Tenemos el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) como ente rector de un sistema institucional para atender a esta población, pero la verdad es que hay mucho que hacer.

Ni la sociedad ni los hogares en particular, aun los pudientes, están preparados para atender a los viejos de la cuarta edad. Su cuido es un tema social no resuelto.

Casi medio millón de personas tienen alguna discapacidad, según el censo de población del 2011. Pese a una progresista ley de hace ya casi 20 años (la 7600, de 1996), a la labor del Consejo Nacional de Rehabilitación y a muchos esfuerzos públicos y privados, nuestra sociedad aún no resuelve lo elemental. Más aún, sigue organizada para, en la práctica, dificultar la integración de los discapacitados. Solo vean el estado de nuestras aceras (cuando existen), los pocos autobuses con dispositivos para discapacitados y las dificultades para encontrarles empleo. Ahí está la evidencia, muda pero incontrovertible, de nuestra indiferencia.

Está bien consagrar derechos, pues son herramientas para exigirnos mejor trato a estas poblaciones en desventaja. Pero el tema más de fondo es el compromiso con los demás y con nuestro propio futuro. Ahí quedamos debiendo.