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Actualizado el 15 de mayo de 1995 a las 12:01 am

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Julio Rodríguez
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¿Es hoy Costa Rica gobernable? Mejor sería: ¿desde cuándo Costa Rica se hizo ingobernable? Ningún país se torna gobernable o ingobernable de pronto, como nadie se hace virtuoso o malo de pronto. Estos son procesos.

Las causas de la ingobernabilidad se comenzaron a sembrar, posiblemente, desde hace unos 20 años, aunque la principal es de más vieja data, pues se encarna en el carácter del costarricense: su incapacidad para decir que NO, para ejercer la autoridad, para hacerles frente, de manera directa y franca, a los hechos y a las personas, en la empresa, en la familia o en el Estado.

Si pasamos revista a los graves problemas actuales, acumulados a lo largo del tiempo, indefectiblemente descubrimos, en su simiente, una actitud huidiza, blandengue o complaciente, una capacidad excepcional para disimular, encubrir, hacernos los tontos y no dar la cara. Esa disposición anímica o biológica para rehuir el NO y no ejercer la autoridad tiene su contrapartida en decir que SI a todo, sin garantía de cumplimiento, pues otra de nuestras características es el irrespeto, casi festivo, a la palabra empeñada. Una tercera salida a la tica es salirnos por la tangente con un evasivo "más o menos", "tal vez". "Ahí veremos", "me la puedo jugar", "venga mañana". Nuestro color preferido vital es el gris.

Este antecedente psicológico, de falta de carácter, se proyecta en dos concepciones falsas: sobre los partidos políticos y sobre la naturaleza del Estado. El partido político no es lo que debe ser: foro, escuela e instrumento electoral, en procura del poder, anclado en sólidos principios éticos, sino lo tercero, clientelismo puro, es decir, el partido como fin último, suprema norma moral y conquistador de votos a cualquier precio. Esta mentalidad se encarna en el concepto de Estado, entendido, a su vez, como protector de la clientela y distribuidor de lo público.

Este marco psicológico y esta deformación de conceptos fundamentales les ha aderezado el escenario ideal a los grupos de presión, tanto del sector público como del privado, que han tomado el Estado para sí. Estos son los verdaderos gobernantes y legisladores de Costa Rica y a su servicio han estado los partidos políticos, el Gobierno y la Asamblea Legislativa. Esto explica la cosecha de privilegios -el primero, la alcahuetería tributaria- que ha desangrado nuestra economía y la imposibilidad de realizar en Costa Rica reformas estructurales. En estas condiciones de sujeción del Estado y del partido a la clientela y a los grupos de presión, la corrupción se ha explayado a sus anchas. Su coronamiento ha sido la impunidad. ?Puede ser justo y eficaz el Estado en investigar y sancionar, si su fin no es el bien común, sino el bien particular o gremial?

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Otra de las causas de la ingobernabilidad de Costa Rica es la telaraña de leyes, procedimientos e instancias de todo género que atan a los gobernantes, verdadero laberinto legal que solo favorece a los inescrupulosos y a los grupos de presión. Esta maraña ata al Poder Ejecutivo, fosiliza a la Asamblea Legislativa y adormece al Poder Judicial. La justicia pronta y cumplida es un mito; la decisión administrativa, un riesgo y un pugilato; un proyecto de ley importante, un combate. En la dura y refinada guerra actual de la competencia y en la historia posterior al derrumbe del comunismo, cuando a la democracia, sin enemigo al frente, los pueblos le exigen la máxima eficacia, sin transigir en los principios, en Costa Rica nos hemos empantanado psicológica, política y legalmente.

En las puertas del siglo XXI, hemos de romper, sin dilación y de frente, estas ataduras. El Gobierno debe, por Constitución, dirigir el proceso, pero sin un inclaudicable acuerdo en lo esencial, en todos los sectores, con grandeza de espíritu y sentido de lo concreto, como el suscrito el 28 de abril pasado, no podremos salir adelante. Y no avanzar, como se sabe, es retroceder.

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