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Actualizado el 12 de mayo de 1995 a las 05:07 pm

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Julio Rodríguez
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Mea culpa, EE.UU. y sindicatos...

Entonemos el mea culpa: en cuanto a las expropiaciones de fincas de ciudadanos norteamericanos y al contrato con Millicom, tengamos la gallardía de admitir nuestro pecado. El Gobierno procedió a la ligera en ambos casos. Hasta un niño sabe que el derecho de propiedad exige el pago de toda expropiación y que el Art. 121, inciso 9, constitucional establece el monopolio estatal de los servicios inalámbricos. Ahora estamos saboreando los amargos frutos de aquellos deslices.

Pero, si con entereza proclamamos nuestra falta y así lo reconocen nuestros tribunales, no debemos separar del análisis un hecho capital: la desproporción gigantesca existente entre nuestra falta y la sanciones creadas ad hoc por la legislación norteamericana. Como se sabe, debe existir proporcionalidad entre la culpa y el castigo.

Bien hace el Gobierno de los EE.UU. en defender a sus ciudadanos en el orden personal o material en el exterior. Todo país lo hace. Pero, no todos tienen el mismo poder económico, político y militar. EE.UU. legisla a favor de sus ciudadanos afectados en el extranjero. Hasta aquí resplandece la justicia, pero, cuando se vale de su enorme poder para sancionar en el orden económico, de manera unilateral y desproporcionada, se hermana con la injusticia y la arbitrariedad.

En última instancia, el recurso determinante no es la ley sino la fuerza. Una fuerza avasalladora derivada de un poder económico descomunal que, al no estar sujeto, en punto a sanciones, a ningún tribunal internacional, convierte automáticamente la sanción, por su desproporcionalidad, en agresión, pues, por los quebrantos sufridos por unos ciudadanos norteamericanos, se castiga a todo un pueblo. La injusticia culmina si se advierte que Costa Rica, en iguales circunstancias, no podría salir en defensa de sus ciudadanos o intereses en EE. UU. Tampoco se repara en que, pese al duro castigo que podría recibir, Costa Rica antepuso el Estado de derecho, baluarte de la democracia y de los derechos humanos.

Viene a cuento la persecución desatada contra Costa Rica por la todopoderosa maquinaria sindical de la AFL-CIO, protegida por el Gobierno norteamericano, por el pecado de haber establecido el solidarismo. Hasta se nos amenazó con sanciones económicas por "violación de los derechos humanos", como si fuéramos Cuba o China. Y este enconado ataque persiste, pese a que, en materia laboral, Costa Rica aventaja en mucho a los EE.UU.

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Y, ahora, con nuestros sindicatos, tan amigos, por cierto, de la AFL-CIO, que han celebrado el triunfo del Estado de derecho ante la Sala Cuarta y la Contraloría. Bien está que externen su júbilo. Pero, si son coherentes, tendrán que aceptar luego la victoria de la institucionalidad cuando se adopten decisiones contrarias a sus intereses.

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