Por: Jorge Guardia 1 julio, 2014

Hizo mal la Aresep –muy mal– en recetar un fuerte aumento a las remuneraciones percibidas por sus principales jerarcas, pero hizo bien en clarificarle al presidente de la República la razón del alza en los combustibles y la magra posibilidad real de reducir el precio al consumidor.

El presidente, obviamente, no estaba suficientemente informado sobre la estructura de costos de los combustibles, y su ministro de Energía tampoco lo asesoró como debía, antes de exigir a la Aresep una explicación pública. Al final, don Luis Guillermo tuvo que deponer su reclamo y aceptar con donaire que el error no recaía en la fórmula aplicada por la Aresep, sino en la ley creadora del impuesto específico a los combustibles, en la obcecada realidad de las cotizaciones internacionales del crudo (exacerbada por los ajustes cambiarios) y –agrego yo– en el monopolio de Recope.

Al entrar en la página web del Recope, uno encuentra un gráfico muy claro de la estructura porcentual de los costos. Hay cinco grandes rubros que lo alimentan. El primero –y más prencipal , como diría Aquileo– es el costo del producto importado, con un 52% del total. Luego asoma el impuesto, que asciende a un 30,4%. Después desfilan el flete y los márgenes de las estaciones de servicio, con un 7,1%. Estos tres conforman la tajada gorda: 91,6% del costo total (para la gasolina súper), y, sobre ellos, no hay ningún margen discrecional. Los costos de operación de la Refinadora representan solo el 6,3% y los sueldos, un mísero 2,2%. ¿Cómo poder ahorrar? Estamos jodidos.

Hacienda convenció al Gobierno de no tocar el impuesto. Al parecer, lleva razón. La brecha fiscal es enorme. Pero un análisis puntual de costo-beneficio podría aclarar si el costo de encarecer directamente el transporte (e, indirectamente, todo lo demás) y afectar la competitividad del país supera el beneficio de incluirlo en la caja única del Estado sin valorar otras fuentes alternativas de financiamiento, como reducir gastos y exoneraciones, que exceden en mucho el 2% del PIB arrojado por el gravamen al combustible. No se ha hecho aún esa tarea como para rechazar ad portas la reducción del impuesto.

El otro problema irritante es el viejo monopolio de Recope, fuente de abusos y prebendas salariales, por encima de las que perciben otros funcionarios. No es un buen ejemplo para los demás, aunque estadísticamente no represente un porcentaje importante en la estructura de costos. El monopolio debería eliminarse, como hizo recientemente México para permitir la libre competencia y beneficiar a su economía. Pero dudo que este Gobierno, más proclive al Estado que al mercado, dé un paso en esa dirección.

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