EscucharEn medio de la zozobra, apareció Emilia Navas Aparicio como la heroína capaz de rescatar la menguada credibilidad de la Fiscalía General de la República. No se lo buscó; se lo ganó. ¿Quién es la nueva fiscala general subrogante y qué esperamos los costarricenses de ella?
Yo no la conozco personalmente, pero lo que he leído y oído sobre ella me causa agrado y serenidad. Tiene vasta experiencia (29 años en la Fiscalía), licenciatura en Derecho y una maestría en Administración de Justicia, pero no es su sólida formación académica lo que más me apacigua, sino sus valores éticos: búsqueda de la verdad sin compromisos políticos; transparencia y humildad para trabajar en equipo; disposición para enfrentar con celeridad los retos. Su familia y colegas han de estar muy orgullosos.
Me gustaría transmitirle mis inquietudes como simple ciudadano. Yo había perdido la fe en los fiscales generales (no así en la mayoría de sus funcionarios de carrera, honestos y leales al juramento) porque sentía que actuaban motivados por inclinación política: a unos los perseguían con saña inquisitoria; a otros, con la complacencia de los fisiócratas franceses: laissez faire, laissez passer. Como en la granja de Orwell, todos eran iguales, pero los verdes eran más iguales que los azules.
Ese sesgo político fue evidente en las causas contra los expresidentes. A uno de ellos lo persiguieron incansablemente por 13 años hasta que un alto tribunal lo eximió de responsabilidad; el otro, del mismo partido, tuvo que demostrar en los tribunales civiles que nunca se perjudicó al Estado. En cambio, la Fiscalía fue conspicuamente complaciente con los expresidentes del partido opositor por hechos similares. Los medios y las redes citan causas y expedientes mal atendidos.
Yo no le pido a la nueva fiscala subrogante subrogar sus deberes para favorecer a nadie. La justicia debe ser igual para verdes, azules o amarillos. Que aplique parejo el derecho sin dejarse permear por la cruzada mediática ni el espectáculo político en la Asamblea. Y eso me lleva a escarbar dónde está la verdadera génesis del tráfico de influencias: los magistrados se nombran por afinidad política y ellos, a su vez, designan al fiscal general en un quid pro quo. Ahí está la fermentación. En el caso de Navas Aparicio, los magistrados trataron de curarse en salud y se reivindicaron, quizás por rubor. Pero no basta. Creo que es hora de variar el nombramiento de los magistrados y del fiscal general.
Jorge Guardia es abogado y economista
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