Por: Eduardo Ulibarri 6 noviembre, 2015

La miopía, debilidad, dispersión y oportunismo de amplios sectores políticos, sumada a la agudeza, fortaleza, concentración e insistencia de los grupos de presión es una ruta directa al clientelismo. Cuando a esta mezcla se suma una tradición legalista, detona un corrosivo fenómeno: la institucionalización de las prebendas.

Ya no se trata del clientelismo fugaz destinado a movilizar votantes durante elecciones, sino del que se enquista en el tejido del Estado, sus normas y procedimientos, salta sobre volatilidad de las coyunturas y se anuda a la permanencia de las estructuras. Es lo que ocurre en Costa Rica.

Nuestro sistema ha sido perfeccionado por décadas de legislación distorsionada y jerarcas complacientes. De aquí han salido las pensiones de lujo, los “pluses” y dedicaciones exclusivas sin fin, las convenciones colectivas irritantes, las desigualdades en el empleo público, las evaluaciones siempre excelentes, la rigidez del presupuesto, y los subsidios, exoneraciones y condonaciones secuenciales.

Hemos vivido un festín de repartos sectoriales anclado en la legalidad y, como tal, protegido por los tribunales. Paradoja surrealista: una arremetida permanente contra el bien común tutelada por la institucionalidad a la que, en el fondo, ataca. ¿Esencial Costa Rica?

Sin embargo, el sistema está topando con dos límites.

Uno es fáctico, porque si no se arregla, y pronto, el fisco podrá colapsar; porque enmaraña la administración pública, trastoca las prioridades públicas y frena la competitividad. Otro es perceptivo, porque la marea de oposición pública al clientelismo ha crecido con rapidez y se expresa con creciente vigor. Ya no es posible ignorarla.

Muchos actores políticos, comenzando por el presidente, parecen haberlo entendido. De aquí, entre otras cosas, su postura contra las convenciones colectivas, que contradice su desdén por la reforma del empleo público.

Pero otros se mantienen ajenos a la realidad. Allí está, como penoso ejemplo, el plan que exonera a una serie de cooperativas financieras de la supervisión externa, para riesgo de sus afiliados y satisfacción de sus jerarcas. El proyecto, dictaminado a favor, tiene el aval de diputados del PAC, el PUSC, Liberación, los libertarios y el Frente Amplio.

Es el clientelismo multipartidista, contrario a las necesidades del país y el clamor de la gente; un sombrío ejemplo de retroceso posible.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).