Por: Eduardo Ulibarri 19 octubre

Si me pidieran seleccionar el caso que, de forma más concentrada, revele la mayor acumulación de vicios en el quehacer estatal, escogería la calle 13 bis. Lo ocurrido durante más de dos décadas en relación con esta vía de 100 metros, al costado oeste de la plaza de la Democracia, en San José, es un microcosmos de cómo la indiferencia, debilidad, clientelismo, oportunismo, manipulación y falta de autoridad pueden consolidar una turbia amalgama de intereses que secuestre el bien común.

La síntesis es esta: desde 1995, alrededor de 90 comerciantes de artesanías se apropiaron de ese espacio público, con grave perjuicio para el ornato, la libre movilidad y la salud y seguridad públicas. Ahora, cuando todo parecía estar listo para trasladarlos a un inmueble que atiende sus más exquisitos caprichos, 14 de ellos exigen una indemnización multimillonaria para moverse.

Que un grupo privado trate de imponerse a la comunidad o extraer jugosas rentas del Estado no es novedad. Lo extraño e injustificable es que durante tanto tiempo haya logrado hacerlo, con la complicidad e impulso de múltiples autoridades.

En el recuento de hechos están un acuerdo municipal que, al inicio de la ocupación, autorizó su permanencia en la 13 bis. En el 2007, el Ejecutivo y el Municipio acordaron levantar un flamante mercado, al sur de la plaza de las Garantías Sociales, para trasladarlos. Se negaron y nada pasó. Vino entonces un aberrante proyecto del entonces diputado José Manuel Echandi, para regalarles la calle. Peor aún, fue aprobado. El presidente Arias lo vetó. Allí siguieron. Luego sucedió algo aún más grave: el presidente Solís, en un arranque privatizador, retiró el veto. Sin embargo, la Sala IV anuló su decisión y el camino quedó despejado para el traslado. En lugar de actuar, la Municipalidad puso plazos. Se incumplieron.

Al fin, tras darles todo lo que querían (salvo la calle), los comerciantes acordaron moverse. Saltaron entonces los 14 que se niegan.

Si lograran imponer su voluntad, aunque fuera parcialmente, el desenlace de esta historia, ya pésimo, sería catastrófico; su efecto demostrativo, funesto.

No es tiempo para más plazos o concesiones. Lo que corresponde es ejercer la autoridad y devolver a San José y sus ciudadanos un bien que nos pertenece.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).