Por: Juan Carlos Hidalgo 22 octubre

El INA es el epítome de todo lo que está mal en el Estado. Conocer –y especialmente reconocer– su fracaso nos puede brindar lecciones muy valiosas.

Repasemos la magnitud del entuerto: del 2009 al 2016 la cantidad de egresados del INA disminuyó en casi un 40 %. Esto no se debe a recortes masivos. Todo lo contrario: su presupuesto aumentó un 45 % desde el 2010. La planilla también ha crecido. ¿Será que el INA está ahora premiando la calidad de sus graduados sobre la cantidad? Tampoco. Solo un 25 % de los egresados logra obtener un trabajo en su campo. Incluso un 20 % de los alumnos que sí trabajaban cuando ingresaron al INA habían perdido su empleo al graduarse.

El INA contrató una consultoría de ¢450 millones con la OIT para caer en cuenta de lo mal que estaba haciendo su labor. Aun así, el presidente ejecutivo de la institución –que acumula más de 100 días fuera del país en 21 viajes oficiales, incluyendo el más reciente a Emiratos Árabes Unidos– no sabe por qué sus graduados no logran conseguir trabajo. La razón debería ser evidente: las carreras que ofrece el INA no se ajustan a las necesidades del sector productivo.

Peor aún, la administración Solís ha utilizado al INA como punta de lanza de su engendro ideológico: la “economía social solidaria”. De tal forma, la institución encargada de brindar educación ocupacional para satisfacer las demandas laborales del sector privado, ahora enseña que la “empresa de capital tiene poca o ninguna conciencia crítica del trabajador”.

Las lecciones que podemos derivar de este caso aplican a todo el aparato estatal: no es cierto que si le metemos más recursos a las instituciones públicas tendremos mejores servicios. En la última década más bien hemos visto cómo la calidad de la educación, salud y justicia han caído a pesar de que los presupuestos y las planillas de los entes encargados han aumentado significativamente.

La otra lección es que estas instituciones nos cuestan muy caro. Más allá de los ¢126.317 millones que desperdiciamos este año en el INA –financiados con un aporte patronal del 1,5 % de los salarios de los trabajadores– está el incalculable costo de oportunidad de miles de personas que se matriculan en sus carreras esperando infructuosamente mejorar su empleabilidad.

La solución de los políticos será fortalecer al INA. Más bien, hay que pensar en cómo cerrarlo y trasladar sus funciones al sector privado.